Derecho Penal

Delito de alcoholemia en España

El objetivo de nuestra Firma es sensibilizar a los conductores que conducen un vehículo el no hacerlo bajo la influencia del alcohol, por el peligro que puede suponer para ellos mismos y para el resto de los usuarios de la vía. En algunos casos la influencia del alcohol en sangre puede suponer una sanción administrativa, sin embargo, en otros puede conllevar una sanción penal. Precisamente en este artículo vamos a tratar sobre esta última sanción, es decir, del delito de alcoholemia en España.

¿Con cuánto alcohol podré cometer una sanción penal por delito de alcoholemia y cuál será mi castigo?

Puedes cometer un delito de alcoholemia de forma automática si conduces con una tasa de alcoholemia en aire espirado que supere el 0,60 mg/l y en sangre si superas 1,2 gramos por litros.

No obstante, como ya indicamos cuando hablamos del juicio rápido por alcoholemia -te invitamos a leerlo si deseas saber en qué consiste- existe la errónea creencia popular que si no se superan 0,60 mg/l en aire se estará siempre ante una sanción administrativa y no ante un delito de alcoholemia. Debe saberse por todo conductor, que en caso de arrojarse una tasa de alcohol entre 0,25 y 0,6 mg/l, habiéndose causado un accidente de tráfico, también se incoarán actuaciones judiciales con el objetivo de enjuiciar el delito de alcoholemia, previa tasación de los daños materiales que se haya podido producir, así como la valoración por el médico forense de los posibles lesionados del accidente y estaremos ante la comisión de un delito y no de una sanción administrativa.

El artículo 379 del Código Penal recoge el delito de alcoholemia señalando que será castigado el que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

Tanto si te han parado en un control de alcoholemia como si te has visto inmerso en un accidente de circulación y te han realizado la prueba de alcoholemia los agentes que intervengan elaborarán el atestado policial. No debes negarte a la realización de la prueba de alcoholemia pues ello supondrá un delito automático del artículo 383 del Código Penal siendo castigado con la pena de prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años. Igualmente, el caso puede haber agravado si además de resultar positivo por alcoholemia se excede desproporcionalmente la velocidad en la vía, pues en dicho caso, los agentes podrán denunciarte por un delito de temeridad agravando la situación y podrás ser castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de 12 a 24 meses, y, en cualquier caso, junto con la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.

Los agentes actuantes enviarán el atestado al Juzgado de Guardia cuando hayas cometido presuntamente un delito y normalmente serás citado directamente por los agentes un día y hora concretas para acudir al Juzgado a la celebración de juicio rápido, en calidad de investigado, por delito de alcoholemia. En algunas ocasiones, en lugar de ser citado por la policía o la Guardia Civil puedes ser citado a declarar primero ante el Juez, pues se habrán iniciado unas Diligencias Previas, si no estamos ante un caso grave y reconoces los hechos ante el Juez Instructor tu Abogado deberá solicitar la transformación a juicio rápido para beneficiarte de la reducción de un tercio de la pena que se prevé para el delito de alcoholemia.

¿Cuáles son tus derechos en un delito de alcoholemia?

Los agentes y nuevamente el Juzgado te informarán de tus derechos ante la posible comisión de un delito, especialmente, de los siguientes:

  1. Derecho a guardar silencio, no declarando si no quieres, a no contestar alguna o algunas de las preguntas que te realicen o a manifestar que sólo declararás ante el Juez.
  1. Derecho a no declarar contra ti mismo y no confesarte culpable.
  1. Derecho a designar un Abogado y en caso de no hacerlo se te asignará uno de oficio. En este punto, hay que señalar que los Abogados de oficio cuando se disponen de ingresos no son gratuitos. Por ello, no te preocupes si los agentes en tu citación para juicio rápido te señalan que deseas asistir por un abogado de oficio, pues si deseas que te asistamos nosotros simplemente tendremos que comunicarlo al Juzgado el día que te hayan citado para declarar como investigado o para la celebración del juicio rápido.
  1. Derecho a ser asistido por un intérprete, cuando se trate de extranjero que no comprenda el castellano o de persona sorda u otras dificultades del lenguaje.


No obstante, si deseas conocer más sobre los derechos del investigado puedes leer nuestro artículo ampliando esta información.

Como puedes observar siempre queremos darte información de valor para que de forma transparente tengas toda la información a tu alcance en los casos de delito de alcoholemia en España.

Como nuestros Abogados son especialistas en el delito de alcoholemia y drogas en España te garantizarán la mejor defensa jurídica en un juicio rápido, en caso de conformidad, o durante la instrucción de unas Diligencias Previas ante el Juzgado de Instrucción, que luego se enjuiciarán ante el Juzgado de lo Penal correspondiente. Si deseas que te ayudemos contacta con nosotros por email o llámanos sin ningún compromiso e intentaremos buscar la solución más favorable para minorar las consecuencias por el delito.

8/2/2021
Derecho de Seguros

El informe pericial del Instituto de Medicina Legal

En este artículo relativo al informe pericial del instituto de medicina legal vamos a dar respuesta a la siguiente situación que pasamos a exponer. Supongamos que como perjudicados en un accidente de tráfico llevamos a cabo la reclamación previa obligatoria a la que alude el artículo 7 del RDL 8/2004 (LRCSCVM) contra la aseguradora presuntamente responsable del accidente. Dicha entidad aseguradora emite una propuesta de indemnización dentro de los 3 meses siguientes a la presentación de la reclamación previa sin discutir la mecánica de accidente ni la responsabilidad de su vehículo asegurado, tal y como explicábamos en el artículo titulado “Indemnización por accidente de tráfico: La reclamación previa” publicado en este blog, pero el perjudicado no está de acuerdo con dicha propuesta indemnizatoria al considerarla insuficiente y no ajustarse a la realidad de sus lesiones.¿Qué podrá hacer la víctima o perjudicado antes de acudir definitivamente a los Tribunales solicitando una indemnización por accidente de tráfico?La respuesta a la cuestión la contiene el apartado 5 del artículo 7 LRCSCVM:“En caso de disconformidad del perjudicado con la oferta motivada, las partes, de común acuerdo y a costa del asegurador, podrán pedir informes periciales complementarios, incluso al Instituto de Medicina Legal siempre que no hubiese intervenido previamente”. Como vemos, la víctima de accidente de tráfico tiene la posibilidad de agotar al máximo la vía extrajudicial solicitando un Informe pericial de valoración del daño corporal con ocasión de un accidente de circulación al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (en adelante IMLCF). Además, seguidamente nos indica el precepto que este IMLCF podrá solicitarse por la víctima incluso en el caso de que la aseguradora no haya emitido la propuesta de indemnización conforme al apartado 2º del artículo 7 LRCSCVM.Como vemos, este informe pericial emitido por el Instituto de Medicina Legal es una vía más que se pone a disposición de la víctima para instar a la aseguradora a que emita una propuesta de indemnización lo más ajustada a la realidad de las lesiones ya que al médico forense se le presupone cierta objetividad. Ahora bien, esto no quiere decir que el médico forense vaya a “mejorar” la valoración del departamento médico de la compañía aseguradora, por lo que nos podríamos encontrar ante un infomer del instituto de medicina legal (IMLCF) que valore muchas mas lesiones que la que puedan determinarse de la propuesta de indemnización de la aseguradora o bien que se valoren menos lesiones y por lo tanto una cuantificación económica peor a la que ofrecía la compañía aseguradora. Como decimos, al médico forense se le presupone  una mayor objetividad y por ello su valoración puede ser beneficiosa o no para los intereses de la víctima.No queremos dejar pasar la oportunidad para advertir que en la práctica dicho informe pericial tarda por lo menos un año en emitirse -por lo menos en la ciudad de Madrid- debido a la saturación del órgano que lo emite, alargando aún más el desenlace de la reclamación efectuada por la víctima de accidente de tráfico.Por otra parte, este informe médico del instituto de medicina legal(IMLCF), que está regulado en el RD 1148/2015, de 18 diciembre, podrá solicitarlo toda aquella persona que tenga la consideración de perjudicada conforme al artículo 36 LRCSCVM, es decir, la propia víctima del accidente de tráfico, los perjudicados que menciona el artículo 62 del mismo texto legal en caso de fallecimiento de la víctima (cónyuge o pareja de hecho, ascendientes, descendientes, hermanos y allegados), y también las propias entidades aseguradoras afectadas por el accidente de tráfico, incluyendo al Consorcio de Compensación de Seguros (artículo 2 RD 1148/2015, de 18 de diciembre).

Llegados a este punto, ¿cómo debe solicitar la víctima o perjudicado el Informe Médico del Instituto de Medicina Legal?El artículo 4 RD 1148/2015 menciona que la solicitud podrá “presentarse en la sede del IMLCF o en la subdirección territorialmente competente del mismo… así como por medios electrónicos”, utilizando para ello un modelo normalizado que por lo menos la Comunidad de Madrid publica en su página web. Es sumamente importante que se acompañe a esta solicitud todos aquellos informes médicos relacionados con las lesiones derivadas del accidente de tráfico, así como la oferta motivada emitida por la aseguradora (artículo 3.5 del Decreto 3/2017 el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid).¿Qué puede hacer la víctima o perjudicado si le deniegan su solicitud de informe pericial del instituto de medicina legal? La respuesta la contiene el artículo 7 RD 1148/2015, exponiendo el apartado 5º que la víctima “podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un (1) mes ante el Director General de Relaciones con la Administración de Justicia” o ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma en la que se solicite el informe. La norma no regula concretamente cuales son las causas para que la administración pueda denegar la solicitud de pericia. Sin embargo, entendemos que los motivos por los que se podría denegar dicha solicitud son: 1) Por no acompañarse la oferta motivada de la aseguradora (artículo 4.4 RD 1148/2015) y 2) Por solicitarse ante el Instituto de Medicina Legal diferente al del domicilio de la víctima/perjudicado o lugar donde ocurrió el accidente de tráfico (artículo 4.2 RD 1148/2015), es decir, por falta de competencia.Por otra parte, expone el apartado 3º del artículo 4 RD 1148/2015 que la víctima lesionada de accidente de tráfico únicamente podrá solicitar “una pericia que podrá dar lugar a uno o varios informes”, teniendo potestad cualquier de las partes –víctima y/o aseguradora- para señalar que se añada un aspecto concreto al informe. Es importante subrayar que, en consonancia con el 37.2 LRCSCVM, tanto la víctima y/o perjudicado, así como la aseguradora, deben colaborar activamente con el Instituto de Medicina Legal, aportando cualquier documento que sea necesario y exigido por este órgano para realizar la pericia (artículo 5.2 RD 1148/2015).Por último, la víctima y perjudicado del accidente de tráfico deben saber que quien costea (abona) este informe de medicina legal de la clínica forense (IMLCF) es la aseguradora a quien se reclama la indemnización. Explica el artículo 14 RD 1148/2015 que se “exigirá un precio público como contraprestación de la pericia por los IMLCF… conforme a la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos”. Según la Orden JUS/127/2016, de 8 de febrero, por la que se fijan los precios públicos de las pericias efectuadas por los Institutos de Medicina Legal, los precios oscilan entre los 80 € por pericias sin ingreso hospitalario y 350 € por lesiones con ingreso hospitalarios superior a 72 horas.En Calderón Corredera, abogados expertos en procedimientos de accidentes de tráfico, podemos ayudarte a conseguir la indemnización que te corresponde por este tipo de accidentes. Ponte en contacto con nosotros estaremos encantados de ayudarte.

8/2/2021
Derecho Civil

TODO para incapacitar a una persona

Nuestro Código Civil regula lo relativo a la incapacitación de las personas en el artículo 199 y siguientes. Nadie puede ser declarado incapaz sino por sentencia judicial en virtud de las causas establecidas en la ley. Incapacitar a una persona va a suponer que otra persona va a intervenir en nombre del declarado incapacitado.El artículo 200 del Código Civil establece las causas para incapacitar a una persona: "Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma". Como vemos se trata de un abanico abierto de causas, pero que en cualquier caso es el Juez quien declara con base a su criterio y pruebas documentales médicas aportadas al procedimiento la incapacitación de una persona.Se permite que se pueda incapacitar a un menor de edad siempre que se prevea que la causa de incapacitación subsista después de su mayoría de edad.Para incapacitar a un individuo se requiere acudir a un procedimiento judicial de incapacitación que viene establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil en el artículo 756 y siguientes. El expediente se iniciará mediante solicitud en la que deberá expresarse el hecho que dé lugar a la incapacitación, acompañando los documentos acreditativos de la legitimación para promover el expediente e indicando los parientes más próximos de la persona respecto a la que deba declararse incapaz y sus domicilios. Igualmente deberá acompañarse certificado de nacimiento del presunto incapacitado.El Juzgado competente para conocer de las demandas para incapacitar a una persona es el del lugar en que resida la persona a la que se refiera la declaración que se solicite.La declaración para incapacitar a una persona puede promoverla el presunto incapaz, el cónyuge o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable, los descendientes, los ascendientes, o los hermanos del presunto incapaz. No obstante, la incapacitación de menores de edad, en los casos en que proceda conforme a la Ley, sólo podrá ser promovida por quienes ejerzan la patria potestad o la tutela.En el procedimiento de incapacitación de una persona, además de las pruebas que se practiquen, el Tribunal oirá a los parientes más próximos del presunto incapaz, examinará a éste por sí mismo y acordará los dictámenes periciales necesarios o pertinentes en relación con las pretensiones de la demanda. El Juez nunca decidirá sobre la incapacitación sin previo dictamen pericial médico acordado por el Tribunal.En la demanda de incapacitación se solicitará el nombramiento de la persona o personas que hayan de asistir o representar al incapaz y velar por él. Sobre esta cuestión se oirá a los parientes más próximos del presunto incapaz, a éste, si tuviera suficiente juicio, y a las demás personas que el Tribunal considere oportuno.La sentencia declarando la incapacitación de una persona determinará la extensión y los límites de ésta, así como el régimen de tutela o guarda a que haya de quedar sometido el incapacitado, y se pronunciará, en su caso, sobre la necesidad de internamiento. Si el tribunal accede a la solicitud de incapacitar a una persona, la sentencia que declare la incapacitación nombrará a la persona o personas que, con arreglo a la Ley, hayan de asistir o representar al incapaz y velar por él.No obstante, el que se dictamine una sentencia de incapacitación no impide que en el futuro, sobrevenidas nuevas circunstancias, pueda instarse un nuevo proceso que tenga como finalidad dejar sin efecto o modificar el alcance de la incapacitación ya establecida.Son tres los cargos para la guarda y protección de una persona y bienes o solamente de la persona o de los bienes de los menores o incapacitados, según los casos que proceda, mediante:

  1. La tutela.
  2. La curatela.
  3. El defensor judicial.

Las funciones tutelares constituyen un deber, que se deben ejercer en beneficio del tutelado, encontrándose bajo la salvaguarda de la autoridad judicial. Es muy importante tener en cuenta que las resoluciones judiciales sobre los cargos tutelares y de curatela habrán de inscribirse en el Registro Civil, pues no tiene carácter constitutivo pero sí para que pueda ser oponible a terceros.No obstante, quien en el ejercicio de una función tutelar sufra daños y perjuicios sin culpa por su parte, tendrá derecho a la indemnización de éstos con cargo a los bienes del tutelado, de no poder obtener por otro medio su resarcimiento siempre que así sea establecido por el Juez en sentencia. Además aquél que desempeña algún cargo tutelar tiene prohibido:

  1. Recibir liberalidades del tutelado o de sus causahabientes, mientras que no se haya aprobado definitivamente su gestión.
  2. Representar al tutelado cuando en el mismo acto intervenga en nombre propio o de un tercero y exista conflicto de intereses.
  3. Adquirir por título oneroso bienes del tutelado o transmitirle por su parte bienes por igual título.

Nuestros honorarios de abogado por ayudarle en el procedimiento judicial para incapacitar a alguien dentro de la Comunidad de Madrid son de 990 € más IVA, incluido defensor judicial y nombramiento de tutor. Los honorarios de procurador son de 200 € más IVA. Llámanos si deseas que intervengamos en el proceso judicial de incapacitación.

1/2/2021
Derecho Procesal

Silencio administrativo: Cómo actuar cuando la Administración no responde

Realizar un trámite con la Administración pública casi siempre resulta una tarea complicada que implica un gran esfuerzo. A ello se suma la gran incertidumbre, en cuanto al tiempo que puede tardar en resolverse dicho trámite y en cuanto al resultado de este, por ello vamos a abordar en este artículo el papel que juega el silencio administrativo.


Hay ocasiones en las que – transcurrido un largo tiempo – no se recibe ninguna respuesta por parte de la Administración, y tampoco resulta posible contactar con la misma para aclarar la situación en la que se encuentra el procedimiento. Ante estas circunstancias, surgen una serie de preguntas a las que procederemos a contestar a continuación.


¿La Administración está obligada a darme una respuesta?


La respuesta es sí. De entrada, es importante entender que la Administración SIEMPRE ESTÁ OBLIGADA A RESOLVER Y NOTIFICAR. 


Ello quiere decir que, con independencia de las circunstancias, y del tiempo que haya transcurrido desde el inicio del trámite, el ciudadano siempre podrá exigir que se dé una respuesta. 


¿Existe un plazo en el que la Administración esté obligada a resolver?


De entrada, con carácter general, el plazo del que dispone la Administración para RESOLVER Y NOTIFICAR un procedimiento es de 3 meses. No obstante, ha de entenderse que esta regla es muy orientativa y poco fiable ¿Por qué?


La cuestión es que cada trámite y cada procedimiento (una multa de tráfico, un procedimiento de extranjería, una licencia de obras, etc.) tiene – casi siempre – su propia norma aplicable. Por tanto, a la hora de resolver un permiso de residencia (por ejemplo), la Administración actuará según las instrucciones de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Además, dicha norma podrá variar en función de la Comunidad Autónoma, o incluso en función de cada municipio.


En consecuencia, para saber con seguridad el plazo del que dispone la Administración para dar respuesta a un trámite en concreto, habrá que acudir a la norma aplicable para dicho trámite. Ahora bien, si la norma no especifica el plazo, éste será el de 3 meses.


Y es aquí donde recomendamos solicitar el asesoramiento de un Abogado. 


Finalmente, con carácter especial recordamos que se produjo una suspensión de plazos administrativos desde el 17 de marzo al 1 de junio de 2020, con motivo del Estado de Alarma.


¿Qué pasa si la Administración no responde dentro del plazo exigido en la norma?


Pues bien, para la misma Administración, nada, dado que ésta continúa estando obligada a dar una respuesta. 


No obstante, para el ciudadano, la falta de respuesta sí tiene consecuencias. Ciertamente, si una vez transcurrido el plazo (referido en el apartado anterior) el trámite no resulta resuelto y notificado al ciudadano, se produce lo que se denomina “SILENCIO ADMINISTRATIVO”. 


En otras palabras, ante la falta de respuesta una vez transcurrido el plazo, podrá entenderse: 


  • Que el trámite ha sido estimado/concedido (SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO).
  • Que el trámite ha sido denegado (SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO)

 

Puntualizamos que la Administración TIENE QUE RESOLVER Y NOTIFICAR LA RESOLUCIÓN AL CIUDADANO dentro del plazo legal. Si lo resuelve dentro de plazo, pero notifica fuera del mismo, igualmente se producirá silencio administrativo.

 

¿En mi caso, el silencio administrativo ha sido POSITIVO o NEGATIVO?


La regla general es que el silencio administrativo es POSITIVO. No obstante, hay muchas excepciones a esta regla genera y, además, la norma aplicable a cada trámite puede determinar si el silencio va a ser positivo o negativo.


Por tanto, al igual que en el tema del plazo para resolver, para saber con certeza si en un caso en particular el silencio es positivo o negativo, habrá que analizar la normativa aplicable, por lo que una vez más será imprescindible solicitar el asesoramiento de un Abogado.


Sin perjuicio de lo anterior, cada uno de los silencios (positivo o negativo) produce sus propias consecuencias al ciudadano.

 

El silencio administrativo ES NEGATIVO ¿Cómo actuar?


En el caso de que el silencio administrativo haya sido el negativo, de entrada, debe entenderse que el trámite le ha sido denegado al ciudadano. 


Dicho esto, en la práctica nos encontraríamos en la siguiente situación: “El plazo para resolver y notificar ha transcurrido sin que el ciudadano haya obtenido respuesta alguna. Debe entender que la resolución tiene efectos desestimatorios. No se tiene ningún papel que lo acredite”. 


Ante estas circunstancias, las alternativas de las que dispone el ciudadano son las siguientes: 


  1. Esperar hasta que la Administración resuelva. 
  2. Hay que pedir que la Administración lo confirme por escrito. A su vez, ésta podrá confirmarlo (lo más probable) o desmentirlo (rara vez sucede, pero existe dicha posibilidad).
  3. Formular un recurso ante la misma Administración.
  4. Interponer un recurso en vía judicial.


El silencio administrativo ES POSITIVO ¿Cómo actuar?


En este caso, la situación del ciudadano es totalmente distinta, dado que, en el presente caso, éste debe entender que su petición ha sido estimada/concedida.  Además, ello tiene los mismos efectos de una resolución dictada expresamente por la Administración, por lo que, de entrada, produce los mismos efectos.


No obstante, en la práctica, para hacer valer sus derechos frente a terceros, el ciudadano DEBERÁ DISPONER DE DICHA RESOLUCIÓN POR ESCRITO. 


En este contexto, transcurridos 15 días desde la finalización del plazo para resolver, la Administración debe emitir (sin que el ciudadano tenga que pedirlo) un CERTIFICADO DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO.


En el caso de que, transcurridos 15 días no se emita dicho certificado, el ciudadano también podrá solicitarlo por su cuenta. 


En la realidad, el certificado de silencio administrativo no suele emitirse por la Administración (ni por su cuenta, ni por solicitud del ciudadano).


Y entonces ¿Cuál es la solución?


Igual que en el caso anterior, planteamos las siguientes alternativas:


  1. Esperar a que la Administración resuelva. Sólo podrá resolver en el sentido positivo, concediendo/aceptando el trámite. 
  2. Formular queja formal ante los órganos de control o supervisión.
  3. Interponer un recurso en vía judicial.


Es evidente que la forma adecuada de actuar deberá ser ponderada en cada caso concreto. 


¿Puede reclamarse responsabilidad a la Administración?


Para finalizar, entendemos que cabe la posibilidad de que la Administración sea responsable de los daños y perjuicios que el ciudadano pueda sufrir a raíz de su demora a la hora de resolver el procedimiento. 


No obstante, dicha circunstancia deberá ser valorada particularmente, atendiendo las circunstancias de cada supuesto. 


Dicho esto, desde Calderón-Corredera Abogados, ofrecemos un asesoramiento especializado, proporcionando los mejores medios para la defensa de los intereses del cliente, por lo que, no duden en ponerse en contacto con nosotros si tienen dudas sobre la aplicación en su caso del silencio administrativo.


26/1/2021
Derecho Penal

Denunciar por denuncia falsa

Si alguien ha presentado una denuncia falsa contra nosotros, o nos ha acusado falsamente en un procedimiento penal, podemos presentar por ello denuncia o querella contra esa persona, pues en los artículos 456 y 457 del Código Penal, se recogen los delitos denominados de “acusación y denuncia falsas y simulación de delito”.Delito de acusación y denuncia falsas, artículo 456 del Código PenalPara considerar que una denuncia es falsa, son necesarios dos requisitos imprescindibles: de un lado, que en la denuncia falsa se señale a una persona concreta como autora del delito denunciado, y, de otro lado, que el denunciante conociera la falsedad de sus afirmaciones, es decir, que interpusiera la denuncia a sabiendas de que los hechos de los que informaba no habían tenido lugar o no los había cometido la persona a la que denunciaba por su comisión. El artículo 456 CP dice que se debía tener "conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad". Se considera que ha existido con temerario desprecio a la verdad cuando no se ha actuado con diligencia para averiguar si las afirmaciones que hacemos son ciertas, es decir, si por ejemplo nos llega un rumor de que alguien ha cometido un delito y nosotros lo extendemos y lo aseguramos como cierto sin haber comprobado su veracidad.Además, en el artículo 456 CP, se exige que los hechos que se han denunciado sean constitutivos de una infracción penal, esto es, de un delito. Por tanto, nos han debido denunciar por haber cometido, por ejemplo, un robo, un hurto, un homicidio, etc. Cualquier hecho que no sea un delito, y que en cambio sea un ilícito civil, administrativo o laboral, no cumplirá los requisitos de la denuncia falsa.Por último, se especifica en el artículo 456 CP, que la denuncia se ha debido formular ante un funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a la averiguación del delito -entre los funcionarios administrativos se incluyen los agentes de policía y guardia civil-. Por tanto, no podremos hablar de denuncia falsa cuando la persona que afirma que hemos cometido un delito se lo manifiesta a cualquier persona distinta de las mencionadas.En caso de que no se comunique a un funcionario judicial o administrativo, la persona que manifiesta que hemos delinquido habrá cometido un delito de calumnia, tipificado en los artículos 205 y siguientes del Código Penal, no de denuncia falsa, ya que la calumnia consiste en imputar -atribuir- a alguien un delito con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, sin requerirse que esto se haya manifestado a una persona determinada. De tal manera que decirle a un particular, es decir, a “una persona cualquiera”, que otra ha cometido un delito sabiendo o pudiendo haber sabido que esto no es cierto constituye un delito de calumnia, no de denuncia falsa. El delito de calumnia está castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses, si se propagaran con publicidad y, en otro caso, con multa de seis a doce meses. Se entiende propagación con publicidad cuando se transmite la información mediante imprenta, radiodifusión o medios similares, en la actualidad, cabría hablar de publicidad a través de redes sociales. Resulta importante mencionar que la calumnia es un delito privado, lo que quiere decir que solo lo persigue la víctima del delito, interponiendo querella y siendo acusación en el procedimiento -que en este caso se llama acusación privada-, o sea que el fiscal no será parte denunciante ni acusadora por un delito de calumnia.

Por su parte, el delito de denuncia falsa se castiga con las siguientes penas en función del tipo de delito que nos hayan imputado de manera falsa:1.º Con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito grave.2.º Con la pena de multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito menos grave.3.º Con la pena de multa de tres a seis meses, si se imputara un delito leve.El delito será grave, menos grave o leve en función de la pena que lleve aparejada, así, cuando la pena sea grave, el delito será grave. Cuando una pena es grave, menos o grave lo podemos saber mediante la clasificación de las penas que se hace en el artículo 33 del Código Penal.Asimismo, es muy importante precisar que para que podamos denunciar o querellar a la persona que nos denunció falsamente, debe existir sentencia firme -es decir, contra la que ya no quepa ningún tipo de recurso- o auto de sobreseimiento, de conformidad con lo prevenido en el artículo 256 punto 2. En este artículo no se concreta cómo ha de ser la sentencia, pero es obvio que la misma ha de ser absolutoria. En cualquier caso, será difícil que nuestra denuncia por denuncia falsa prospere si en la sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento no se dice de forma tajante y sin que quepa lugar a dudas que el delito no se cometió y que no existen dudas sobre su inexistencia, por el contrario, cuando la sentencia o el auto no sean así de precisos, en el sentido de que se diga que no ha existido prueba suficiente sobre la comisión delictiva o que no se puede apreciar delito porque existen dudas sobre su comisión, entonces nuestra denuncia tendrá poca viabilidad porque como denunciantes nos corresponderá acreditar que la persona que nos denunció a nosotros sabía que sus afirmaciones eran falsas.En el artículo 256.2 CP, se establece que el juez o tribunal que haya conocido del asunto en el que fuimos denunciados, deberá proceder de oficio contra el denunciante o acusador cuando resulten indicios bastantes de la falsedad, sin perjuicio de que pueda procederse asimismo mediante denuncia del ofendido, es decir, de la persona denunciada falsamente. Conviene precisar que esto no ocurre nunca: no podemos esperar que el juez o tribunal inicien por sí mismos la denuncia por denuncia falsa, en este sentido, si deseamos que nuestro denunciante reciba una sanción penal por el perjuicio que nos ha causado, tenemos que asumir que debemos de ser nosotros quienes iniciemos e impulsemos el procedimiento.En la mayoría de casos, tendremos interés en denunciar por denuncia falsa y, por tanto, de que se demuestre que las acusaciones que se vertieron sobre nosotros fueron falsas, no por un motivo de venganza contra esa persona, y tampoco al objeto de que reciba reproche penal, sino por el perjuicio económico o moral que la denuncia falsa nos ha causado. Por ello, junto con la pena para el autor de la denuncia o acusación falsa, solicitáremos condena a responsabilidad civil por los daños y perjuicios que nos ha causado, los cuales deberemos acreditar: en el caso de, por ejemplo, haya afectado a la buena marcha de nuestro negocio, nos hayan despedido, nos haya provocado padecimientos psicológicos demostrables, por mencionar algunos ejemplos de perjuicios.

Delito de simulación de delito, artículo 457 del Código PenalEl delito de simulación de delito se diferencia del delito de denuncia falsa en que en este caso lo que el denunciante comunica al funcionario judicial o administrativo es que él es el autor o víctima del delito. Así, el denunciante, por el motivo que sea, se autoinculpa por un delito que no ha cometido o simula ser víctima, en este segundo caso, no es necesario que se señale a una persona concreta como autor del delito del que manifiesta ser víctima.La falsa autoinculpación es un delito, aunque a priori no perjudique a una persona determinada, porque sí está perjudicando a la administración de justicia al suministrar una información falsa, pues le provoca perder recursos o le dificulta hallar al verdadero autor del delito; por ello, en el artículo 457 CP, se requiere para sancionar por un delito de simulación de delito que esta simulación haya provocado que se iniciaran actuaciones procesales.El delito de simulación de delito se castiga con la pena de seis a doce meses de prisión.Si considera que ha sido víctima de un delito de denuncia o acusación falsa, calumnia o simulación de delito y desea iniciar actuaciones por ello o resolver cualquier duda al respecto, contacte con nosotros.

18/1/2021
Derecho Deportivo

Precio servicios deportivos municipales junto a gimnasio privado

¿Qué precio puede establecer un Ayuntamiento para prestar servicios deportivos en las proximidades de un gimnasio privado?Primero, debemos distinguir si el servicio deportivo es prestado por el Ayuntamiento en régimen de gestión directa o indirecta, pues si el Ayuntamiento presta los servicios del gimnasio en régimen de derecho público, tendrá que cobrar dependiendo de los casos una tasa o un precio público. Las Entidades Locales, principalmente los Ayuntamientos y las Diputaciones Provinciales, gozan de la potestad para establecer tasas y precios públicos con arreglo a los artículos 20 a 27, 41 a 47, 57, 127, 132 y 148 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Como es lógico, tanto unas como otros constituyen dos vías importantes para que los agentes privados del deporte contribuyan a financiar los gastos generados por la intervención pública en la ordenación de este sector y, en particular, asuman parte de los costes asociados al establecimiento y mantenimiento de instalaciones deportivas.La diferencia entre cobrar una tasa o un precio público reside básicamente en que la cuantía en la tasa y el precio público es distinta.El art.24.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales especifica que “el importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida.” Cuando nos encontramos ante una tasa el importe del coste del servicio constituye un límite máximo, es decir, que si la hora de gimnasio el coste total repercutido del servicio vale 5€ el Ayuntamiento puede cobrar como límite máximo esos 5€.En cambio, el art.44 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales dispone lo siguiente respecto de los precios públicos: “1. El importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad realizada. 2. Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen, la entidad podrá fijar precios públicos por debajo del límite previsto en el apartado anterior. En estos casos deberán consignarse en los presupuestos de la entidad las dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultante si la hubiera”. En el coste del servicio del precio público el precio es el mínimo del coste del servicio, por lo que si el coste mínimo del servicio es 5€ el Ayuntamiento puede cobrar 5€, 50€, 500€ o lo que desee; lo que ocurre es que en ocasiones por razones excepcionales se puede cobrar por debajo de esos 5€, pero el Ayuntamiento tendría que obtener el dinero de otra partida presupuestaria y para ello el Ayuntamiento debe disponer de la correspondiente memoria económica financiera, en la que quede claramente reflejado que la hora de gimnasio que se cobra por debajo del coste mínimo del servicio se obtiene de la diferencia de otra partida presupuestaria, por lo que si el coste mínimo del servicio es 5€ y el ayuntamiento cobra un precio público de 3€, tiene que poder justificar claramente en dicha memoria que esos 2€ de diferencia los obtiene de consignarlos con otra parte de los presupuestos, para así evitar que el gimnasio perteneciente a una empresa privada que se encuentre en el mismo barrio en vez de demandar al Ayuntamiento por vía de la competencia desleal lo haga por la vía tributaria y consiga que se estime la demanda en el caso de carecer de dicha memoria o no reflejarse en ella claramente de donde sale cada una de las partidas de gasto.Por otro lado, no debemos obviar que el Ayuntamiento tiene la posibilidad de prestar los servicios deportivos en régimen de derecho privado, mediante la concesión administrativa a un tercero para que preste los servicios deportivos del gimnasio, entonces no habría ningún problema en que se cobre un precio normal, es decir, el que se quiera.Como consecuencia de la Sentencia del TC 185/1985, de 14 de diciembre, la Ley 25/1998, de 13 de julio, modifica el concepto de tasa, modificación que afecta a la Ley de Haciendas Locales, por lo que si el Ayuntamiento presta los servicios deportivos del gimnasio en régimen de derecho público deberemos examinar si dicho servicio municipal se financia mediante una tasa o un precio público.

El art.20.1 del vigente Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales prevé el establecimiento de una tasa para financiar la prestación de servicios municipales en régimen de derecho público cuando se cumpla alguno de los dos siguientes requisitos:

  • Se trate de un servicio de solicitud o recepción obligatoria, bien por estar establecida en una norma de rango legal o reglamentario, bien por ser servicios imprescindibles para la vida privada o social del solicitante.
  • Se trate de un servicio que no sea concurrente, bien por estar establecida la reserva a favor del sector público, bien porque el sector privado no los preste pese a no estar establecida la reserva.

Si nos fijamos en el presente caso que estamos imaginando hay un gimnasio que pertenece a una empresa privada que presta el servicio deportivo, por lo que al haber concurrencia en la prestación del servicio deportivo no se podría cobrar una tasa para financiarlo por parte del Ayuntamiento. Además hemos de preguntarnos si los servicios deportivos son obligatorios o voluntarios para los ciudadanos. Desde nuestro punto de vista parece que son voluntarios, por lo que sólo se podría cobrar una tasa si el servicio es no concurrente, porque en materia de tasas basta con que ocurra uno de los dos requisitos para que se pueda cobrar ésta. Entonces si los servicios deportivos no son obligatorios y tampoco consideramos que los servicios deportivos sean imprescindibles para la vida social o privada de los solicitantes el Ayuntamiento no podría cobrar una tasa.Sin embargo, hay quien piensa que el deporte se puede considerar hoy día en una actividad imprescindible para la vida privada y social de un buen número de ciudadanos, tal y como pudiera interpretarse del precepto constitucional del art.43.3 CE: “Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio”. Si seguimos esta línea argumental el Ayuntamiento debería cobrar una tasa.La diferencia radica en que siguiendo nuestra línea de pensamiento según la cual no podemos considerar que los servicios deportivos sean imprescindibles para la vida privada o social de los solicitantes, considerándolos voluntarios y ciñéndonos a nuestro caso existiendo concurrencia del servicio deportivo por ser prestado el mismo por el gimnasio privado no podría cobrar una tasa el Ayuntamiento, por tanto tendría que cobrar un precio público, en régimen de derecho público. Ello supondría que el Ayuntamiento podría establecer un precio que cubra como mínimo el coste del servicio. Aunque si bien la ley establece por vía de excepción, la posibilidad de alegar la concurrencia de razones sociales, benéficas, culturales o de interés público para que el Ayuntamiento pueda cobrar por debajo de ese precio mínimo del coste del servicio, aunque para ello tenga que obtener el Ayuntamiento el dinero de la partida presupuestaria y reflejarlo en la ya mencionada memoria económica financiera.En conclusión, un Ayuntamiento si presta el servicio deportivo en régimen de derecho público, no tiene por qué cobrar unos precios iguales a los de un gimnasio de una empresa privada que se encuentren en el mismo lugar. En mi opinión el Ayuntamiento tendría que cobrar un precio público y por tanto el importe del precio tendría que cubrir como mínimo el coste del servicio, sin perjuicio de la excepción expuesta en el párrafo anterior por la que el precio podría ser inferior al mínimo del coste del servicio.Por el contrario si seguimos el tenor literal de la ley y la distinta línea argumental expuesta anteriormente a cerca de considerar el servicio deportivo como obligatorio e imprescindible para la vida privada o social de los solicitantes, entonces el Ayuntamiento tendría que establecer una tasa y cobrar un precio que constituya un límite máximo, ya que el precio cubriría como máximo el coste del servicio.Todo ello siempre teniendo en cuenta que el Ayuntamiento puede prestar el servicio deportivo en régimen de derecho privado de la misma manera y establecer el precio normal que desee.

11/1/2021
Derecho Penal

Delito de matrimonio ilegal

El delito de matrimonio ilegal viene regulado dentro del Título XII del Código Penal relativo a los delitos contra las relaciones familiares. Concretamente se desarrolla la figura delictiva de los matrimonios ilegales en los artículos 217 a 219 CP, ambos inclusive. Tras la reforma del Código Civil con la Ley 13/2005 de 1 de julio el matrimonio puede ser entre personas del mismo o diferente sexo.

El artículo 217 CP castiga la bigamia, que es ilegal en nuestro ordenamiento jurídico. Tendrá la consideración de matrimonio ilegal el de aquella persona que contrajere segundo o ulterior matrimonio, a sabiendas de que subsiste legalmente el anterior. La pena prevista para el autor de este delito es la de prisión de 6 meses a 1 año. El bien jurídico protegido es la estructura legal que en la familia rige en nuestro procedimiento, que sólo se disuelve por la Iglesia y Juzgado mediante divorcio, así como la declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges. En estos casos de matrimonios ilegales por bigamia el autor es cualquiera que se encuentre ligado por matrimonio anterior, que conoce su situación ilegal y si la conocen las dos partes contrayentes entonces ambos son responsables. Uno como autor directo y la otra persona como cooperadora necesaria. También las dos personas que contraen el matrimonio ilegal pueden ser coautores si contraen uno nuevo subsistiendo legalmente en los anteriores. La acción delictiva consiste en contraer un segundo o posterior enlace matrimonial sin estar disuelto legalmente el anterior. En este delito sólo cabe el dolo directo no es posible dolo eventual. La consumación por bigamia se produce en el mismo momento en que se ha celebrado el nuevo matrimonio ilegal, sin que sea necesario que llegue a existir relación sexual. Cabe la posibilidad en este tipo delictivo de tentativa de matrimonio ilegal, por ejemplo, imaginemos que uno de los futuros contrayentes, conoce que aún no ha disuelto su anterior enlace matrimonial, pero antes de la fecha de la boda el otro de los cónyuges, que no conocía el primer matrimonio de su pareja se entera y como consecuencia de dicha información ya no se termina produciendo el enlace matrimonial ilegal.

Por otro lado, se tipifica como matrimonio ilegal el que regula el art.218.1 CP castigando con la pena de prisión de seis meses a dos años al que para perjudicar al otro contrayente celebrare matrimonio inválido. Estamos ante un supuesto, que sólo se dará en casos muy excepcionales, como ocurre con la bigamia, por lo que no parece muy justificable la incorporación de esta figura al Código Penal. Estas conductas podrían castigarse en otros tipos del Código Penal, como el de estafa matrimonial. En estos casos es necesaria la existencia del dolo, es decir, que uno de los contrayentes quiera perjudicar al otro. Para que se produzca la consumación de este delito no es necesario que llegue a producirse ningún perjuicio a la otra parte. No importa cuál sea el perjuicio que se persigue, que puede ser estafa, etc. Estaríamos ante un concurso de delitos si la estafa se llega a consumar. El párrafo segundo del artículo 218.2 CP contempla la excusa absolutoria al señalar que el responsable quedará exento de pena si el matrimonio ilegal inicialmente fuera posteriormente convalidado.

Por último, el Código Penal en su art.219.1 castiga con la pena de prisión de 6 meses a 2 años e inhabilitación de empleo público a quien autoriza la celebración de matrimonio ilegal en el que concurra alguna causa de nulidad conocida o denunciada en el expediente matrimonial. En este supuesto el sujeto activo sólo puede ser quien tiene capacidad para autorizar un matrimonio y el sujeto pasivo serían los contrayentes. Sólo son posibles las conductas dolosas, no es suficiente el dolo eventual. Cuando el legislador señala en el artículo "o denuncia en el expediente" olvida que la comisión por imprudencia no es posible, por tanto, será impune la celebración de matrimonio con causa de nulidad denunciada en el expediente, pero que el autorizante no conoce, aunque sea por imprudencia al no haberse molestado en examinar el expediente o no detectar la causa de nulidad. A continuación el artículo 219.2 castiga con pena de suspensión de empleo o cargo público de 6 meses a 2 años si la causa de nulidad fuese dispensable. Para conocer las causas de nulidad dispensables hay que acudir al Código Civil.

4/1/2021
Derecho Civil

Daños coche en parking de pago

A la hora de dejar estacionado el vehículo en un aparcamiento de pago, lo que se busca por parte del usuario – además de la comodidad – es la seguridad de que el coche no va a estar expuesto a los riesgos propios del aparcamiento en la calle (situaciones climatológicas adversas, vandalismo, robo, etc.).


A pesar de ello, por desgracia, resulta algo habitual regresar al aparcamiento para recoger el vehículo y encontrarse con desperfectos en el mismo (cristales rotos, pintura rallada, daños en la carrocería, etc.) o incluso, ver que el vehículo ya no está.  Y es aquí donde surgen las siguientes preguntas:


¿Qué hago si me dañan mi coche en un parking de pago?


En primer lugar, y antes de pensar quién podría ser el responsable, lo más importante es constatar que los hechos han tenido lugar en el parking. Para ello, es preciso utilizar todos los medios que estén al alcance, y entre otros: 


(i) hacer un reportaje fotográfico de los daños del vehículo o de la ausencia del mismo, del estado del aparcamiento…; 

(ii) hacerlo constar a los responsables del aparcamiento, o a su personal de vigilancia. Es importante que ello conste por escrito, por lo que recomendamos solicitar y rellenar una hoja de reclamaciones.

(iii) preguntar si las instalaciones tienen cámaras de videovigilancia, para posteriormente pedir que se guarden las imágenes; 

(iv) dar conocimiento de lo ocurrido a los cuerpos y fuerzas de seguridad, mediante la correspondiente denuncia

(v) conservar el ticket o comprobante del estacionamiento en el parking. 


Recalcamos que este paso es el más importante a la hora de reclamar la indemnización por los daños sufridos, dado que le corresponde al reclamante acreditar que los hechos han ocurrido.


En relación con esto, en el caso de que las instalaciones del aparcamiento gocen de cámaras de videovigilancia, habrá que solicitar las imágenes antes de que transcurra 1 mes desde los hechos, dado que el parking tiene la obligación de borrar el contenido pasado este plazo.


Una vez realizado este primer paso, es preciso determinar al responsable de los daños ocasionados, o en su caso, a la persona/entidad que deberá hacerse cargo de la indemnización, para así poder reclamar.


¿Quién es el responsable si me dañan mi coche en un parking de pago?


De entrada, es necesario distinguir entre los parkings que llamaremos “públicos”, entre los aparcamientos que no lo son. En este contexto, la definición de los aparcamientos “públicos” aparece en la Ley 40/2002, de 14 de noviembre, reguladora del contrato de aparcamiento de vehículos: “aparcamientos en los que una persona cede, como actividad mercantil, un espacio en un local o recinto del que es titular, para el estacionamiento de vehículos de motor, con los deberes de vigilancia y custodia durante el tiempo de ocupación, a cambio de un precio determinado en función del tiempo de estacionamiento.


De lo contrario, NO SON APARCAMIENTOS “PÚBLICOS” el estacionamiento en la calle (de pago o no), aparcamientos de las comunidades de propietarios, aparcamiento de una tienda o centro comercial… 


Así pues, con carácter previo es necesario determinar ante qué tipo de aparcamiento nos encontramos, para luego poder determinar qué normas se aplican al mismo, y en qué medida se le puede responsabilizar de los hechos.


Dicho esto, al tratarse de un parking “público”, ha de entenderse que éste UNICAMENTE SERÁ RESPONSABLE SI EL PROPIETARIO DEL PARKING O ALGUNO DE SUS EMPLEADOS O DEPENDIENTES (POR EJEMPLO, PERSONAL DE SEGURIDAD) HAN ACTUADO DE FORMA CULPABLE O POCO DILIGENTE. Esto, en términos legales se traduce, que la responsabilidad del parking es subjetiva.


En relación con esto, téngase en cuenta que entre las obligaciones del aparcamiento se encuentra la de “Restituir al portador del justificante, en el estado en el que le fue entregado, el vehículo y los componentes y accesorios que se hallen incorporados funcionalmente -de manera fija e inseparable- a aquél y sean habituales y ordinarios, por su naturaleza o valor, en el tipo de vehículo de que se trate”. De aquí hay que extraer los siguientes puntos: 


  1. Obligación de restituir. Obligación de custodiar el coche.


Como venimos diciendo, existe una obligación de devolver el coche. Ello implica, necesariamente un deber de cuidado y custodia del vehículo, de modo que, si el aparcamiento no es diligente con dicho deber, estará obligado a reparar los daños. 


Es indiferente si el aparcamiento se encuentra en un recinto al aire libre (con o sin valla perimetral), o si se encuentra en unas instalaciones cerradas. Por lo que, el responsable del parking deberá actuar negligentemente en todos los casos (y más aún si el parking esta al aire libre).


En relación con esto mismo, los Tribunales han venido estableciendo, que ante una reclamación, el parking (y no el perjudicado) deberá acreditar que en todo momento fue diligente, y que también lo fueron sus empleados (en aplicación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios).


Por si no fuere suficiente, a los aparcamientos “públicos” se les exige una diligencia muy elevada, por lo que, en la práctica les resulta difícil exonerarse de la responsabilidad. 


Ante estas circunstancias, se podrán dar dos tipos de responsabilidades por parte de los parkings:


  1. Responsabilidad CONTRACTUAL y/o responsabilidad EXTRACONTRACTUAL.


El responsable del aparcamiento, podrá incurrir tanto en responsabilidad contractual como en responsabilidad extracontractual. Más allá de esto, lo que realmente importa es que exista culpa o negligencia por parte de éste. 


En este sentido, éste podrá ser responsable de sus propias acciones, de las acciones de sus empleados o incluso de las acciones de terceros (usuarios o no del parking). Nos referimos aquí, a aquellos casos en los que 


  • Un tercero no usuario del aparcamiento, accede y roba el vehículo;
  • Otro usuario del parking raya el vehículo;
  • O incluso, si alguien produce desperfectos en el vehículo de forma vandálica o para robar lo que hay en su interior;


En todos estos casos, se podrá hacer responsable al parking, si se considera que éste fue poco diligente a la hora de custodiar el coche (por ejemplo, si no había control de acceso, si no había cámaras de videovigilancia, si no había vigilante de seguridad, etc.). 


Por último, en ocasiones el responsable del aparcamiento hace constar que no se hará cargo de los daños ocasionados, mediante cartel o cualquier otra señal auditiva o visual. Pues bien, dichas advertencias no tienen valor alguno, dado que así lo han establecido los tribunales, indicando que “en estos casos se trata de una cláusula abusiva”. En otras palabras, es COMPLETAMENTE NULO.


  1. De los daños reclamables al aparcamiento “público”


Tal y como se ha dicho anteriormente, la Ley 40/2002, establece que el aparcamiento se hará cargo de: “el vehículo y los componentes y accesorios que se hallen incorporados funcionalmente -de manera fija e inseparable- a aquél y sean habituales y ordinarios, por su naturaleza o valor, en el tipo de vehículo de que se trate”.


Es decir, en ningún caso, se le podrá hacer responsable al parking de: 


  • Los objetos depositados en el interior del coche (bolsos, ordenadores, ropa…)
  • Tampoco se podrá recamar los equipos de audio u otros accesorios no fijos e inseparables. 
  • Incluso, el aparcamiento tampoco se hará cargo, por ejemplo, de llantas de diseño (que no vengan de serie con el vehículo).


En definitiva, ante todo lo expuesto, desde este despacho recomendamos (tras analizar el caso con detalle), que si se conoce al responsable directo de los desperfectos, reclamarle a éste, no obstante, también puede formularse reclamación frente al aparcamiento y a su compañía aseguradora


En cualquier caso, si existe falta de diligencia por parte del parking, éste deberá responder de los daños ocasionados (aunque el daño lo haya ocasionado otra persona), y posteriormente podrá recobrar la cantidad abonada al efectivo responsable (por ejemplo, cuando el parking paga la indemnización y luego reclama dicho importe al que provocó rayones en la pintura del coche).


Desde Calderón-Corredera Abogados, ofrecemos un asesoramiento especializado, proporcionando los mejores medios para la defensa de los intereses de nuestros clientes, por lo que, no duden en ponerse en contacto con nosotros para que analicemos la viabilidad de su caso.

29/12/2020

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