Derecho Civil

Reclamar indemnización por cobrar en negro

Lamentablemente, cobrar todo o parte del salario en “b” o “en negro” es una práctica muy extendida en España a día de hoy. El único beneficiario de ello es el mismo empresario, dado que así se permite ahorrar una cantidad de dinero en cotizaciones de la seguridad social y en impuestos derivados del pago de salarios a sus empleados.

En la otra cara de la moneda se encuentra el trabajador, que se ve perjudicado al no estar declarada a los organismos públicos parte de su salario, repercutiendo directamente en su prestación de jubilación, prestación por desempleo “paro”, seguros sociales, etc.

Por suerte, recientemente nuestro Tribunal Supremo ha hecho un pronunciamiento muy importante (Sentencia 480/2020, de 18 de junio, del Tribunal Supremo [rec. 893/2018]) en cuanto a este tema, dando protección a los trabajadores que estén cobrando parte o todo su salario “en negro”.

Para entender correctamente el contenido de su pronunciamiento, es importante entender que el Estatuto de los Trabajadores (en adelante, “ET” o el “Estatuto”), permite que, ante un incumplimiento contractual del empresario, el trabajador pueda voluntariamente extinguir el contrato de trabajo (art. 49.j. ET).

Para mayor precisión, el Estatuto enumera en su artículo 50 aquellos supuestos en los que se entiende que concurre una causa “justa” por la cual el trabajador se encuentra facultado para solicitar la extinción del contrato de forma voluntaria. Así, se entenderá que el trabajador tiene causa suficiente para extinguir de forma unilateral el contrato de trabajo cuando, entre otros, (i) se produzca una falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado o (ii) por cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario, salvo los supuestos de fuerza mayor. 

Pues bien, la concurrencia de alguna de esas causas en las cuales se entiende que el trabajador tiene justificación suficiente para extinguir por mera voluntad propia el contrato es esencial puesto que, en esos casos, el trabajador tendrá derecho a las indemnizaciones señaladas para el despido improcedente

Así, cuando el trabajador decida extinguir de forma unilateral su contrato de trabajo, bien porque el empresario incurre en una falta de pago o en retrasos continuados en el abono del salario, bien porque incumpla de forma grave otras obligaciones, el trabajador tendrá DERECHO AL ABONO DE UNA INDEMNIZACIÓN EQUIVALENTE A TREINTA Y TRES DÍAS DE SALARIO POR AÑO DE SERVICIO, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades (o cuarenta y cinco días de salario por año hasta un máximo de cuarenta y dos mensualidades si el contrato fue formalizado con anterioridad al 12 de febrero de 2012 hasta dicha fecha), y se encontrará en situación legal de desempleo, y siempre y cuando cumpla con los requisitos para ello, podrá percibir el subsidio por desempleo.

Dicho esto, la pregunta que hay que plantearse es ¿QUÉ SE ENTIENDE POR INCUMPLIMIENTO GRAVE? Nuestros Tribunales han tenido la oportunidad en múltiples pronunciamientos de sentar distintos criterios cuya concurrencia permite determinar si ha producido un incumplimiento grave de las obligaciones, que podrían resumirse en los siguientes: 

  1. La gravedad del incumplimiento se determina respecto de la periodicidad o reiteración del mismo. A este respecto, a los meros efectos ilustrativos, nuestro Alto Tribunal ha concluido que: 
  • Por ejemplo, no constituye un incumplimiento grave (i) el impago de un mes y pago de los siguientes seis meses de forma fraccionada cuando así se acordó con los representantes de los trabajadores, o (ii) el impago de únicamente dos mensualidades 
  • Por otro lado, a modo de ejemplo, sí constituye un incumplimiento grave el abono del salario con un retraso de nueve meses y demoras irregulares, así como también cuando la empresa viene abonando en dos plazos y con retrasos, durante cinco mensualidades, el salario o cuando adeuda tres mensualidades y una paga extraordinaria
  1. El incumplimiento grave en las obligaciones empresariales no se circunscribe únicamente a las obligaciones pactadas en el contrato, sino que debe extenderse a todas aquellas obligaciones que hayan sido o deban ser asumidas por el empresario, cualesquiera que sea su origen.
  1. La pasividad del trabajador o la ausencia de una reclamación o queja ante los incumplimientos empresariales no ha sido considerada por los Tribunales como un motivo que impida apreciar la concurrencia de un incumplimiento grave y, por lo tanto, de una causa suficiente para que el trabajador extinga voluntariamente la relación laboral.


En este contexto, la citada sentencia de nuestro Tribunal Supremo examina el caso de tres trabajadores (peones agrícolas) que venían prestando servicio bajo las órdenes y dependencia de una empresa desde los años 1993 y 1997, con carácter fijo discontinuo, realizando labores de mantenimiento, cultivo y recolecta de fincas agrarias. 

La particularidad de este caso es que dichos trabajadores cobraban una cantidad de su salario en nómina y otra en sobre, esto es, lo que comúnmente se conoce como “cobrar en negro”. Asimismo, la empresa, al finalizar cada periodo de trabajo, emitía finiquitos que luego no llegaron a abonarse.

Pues bien, el Tribunal Supremo ha entendido, que, a la hora de pagar un salario en negro, el empresario está incurriendo en un incumplimiento grave en materia de Seguridad Social (i.e. obligación de cotizar por la remuneración total).

Además, de ser una conducta sancionable, el Alto Tribunal ha entendido que perjudica al propio trabajador, puesto que la mayoría de las prestaciones económicas se calculan en función de lo previamente cotizado, proyectando dichos incumplimientos sus efectos perniciosos sobre eventuales recargos de prestaciones o prestaciones a cargo del Fondo de Garantía Salarial.

Por ello, el Tribunal Supremo concluye que la ocultación documental de una parte del salario, durante un periodo de tiempo prolongado, que deriva en un incumplimiento del deber de cotización a la Seguridad Social, junto con la obtención de documentos de finiquitos firmados pero que no se abonaron, pueden ser considerados como un grave incumplimiento de las obligaciones empresariales y, por lo tanto, dar lugar a que un trabajador, de forma justificada, resuelva voluntariamente su contrato de trabajo siendo calificado como un despido improcedente y, por lo tanto, que se beneficie de los derechos inherentes a ese tipo de despido

Esta precitada Sentencia 480/2020, que estima el recurso de casación para la unificación de doctrina, abre ahora la puerta a que todos aquellos trabajadores que se encuentren en situaciones similares y decidan resolver sus contratos laborales de forma voluntaria, demanden percibir indemnizaciones económicas calculadas conforme a los criterios dispuestos para un despido improcedente, así como acceder a las prestaciones que correspondan


Por todo ello, desde Calderón-Corredera Abogados recomendamos la realización de un análisis concreto para cada caso, ofreciendo un asesoramiento especializado, y empleando los medios más eficaces para defender el interés de nuestro cliente. Si deseas que analicemos tu caso no dudes en contactar con nosotros.

16/3/2021
Derecho Civil

Instalación de ascensor en la comunidad de vecinos

La instalación de un ascensor en la comunidad de vecinos es siempre un quebradero de cabeza para sus comuneros y los administradores de fincas. Posiblemente la mayoría de los propietarios estarán de acuerdo con su instalación, pero otros se negarán a ello ya sea aludiendo a una cuestión económica por no poder permitirse la derrama correspondiente o ya sea porque su vivienda o local esté en la planta baja y su utilización sea nula. Sea cual sea el motivo de controversia entre los propietarios y vecinos en torno al ascensor, lo cierto es que son muchas las situaciones que se pueden dar al instalar o bajar a cota “0” un ascensor, destacando particularmente las que describo a continuación.

La primera de ellas se puede explicar a raíz de la siguiente pregunta: ¿Es obligatorio la instalación de un ascensor en la comunidad de propietarios? Para resolver la pregunta debemos tomar de base la Ley de Propiedad Horizontal (Ley 49/1960, de 21 de julio), ley aplicable a las comunidades de propietarios. Su artículo 10.1.b) habla del carácter obligatorio de la instalación de “rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la orientación o su comunicación con el exterior”, sin necesidad de acuerdo previo de la Junta de Propietarios, “para garantizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal”. Como se menciona en la STS 216/2019 de 5 abril, “la instalación del ascensor … ha de reputarse no solo exigible, sino también necesaria y requerida para la habitabilidad y uso total del inmueble, impuesta para la normalización de su disfrute por todos los vecinos…”.

El precepto anterior nos explica cuáles son los requisitos o exigencias que se han de cumplir para que la instalación del ascensor salga adelante y tenga carácter obligatorio:

  • Que en cualquiera de las viviendas (o local) vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad;
  • Que en cualquiera de las viviendas (o local) vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas mayores de 70 años;
  • Y en todo caso que los gastos por las obras de instalación del ascensor que ha de abonar cada propietario no excedan de las 12 mensualidades de cuota ordinaria de gastos comunes.

Como se puede observar, la instalación de un ascensor no es en principio obligatoria para los comuneros, pero lo será cuando lo solicite un único propietario con discapacidad o mayor de 70 años sin que sea necesario un acuerdo previo de la Junta de Propietarios, siempre y cuando su importe de instalación no supere las doce mensualidades ordinarias de gastos comunes (derrama) una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas existentes, aunque como veremos en líneas posteriores, este último requisito podría esquivarse si el solicitante se compromete a abonar el exceso superior a 12 mensualidades.

Sin perjuicio de lo expuesto, para que salga adelante la instalación de un ascensor, o para que se baje a cota “0” a petición de cualquier otro propietario es necesario un “quórum” determinado que regula explícitamente el artículo 17.2 LPH: “el establecimiento de los servicios de ascensor… requerirá el voto favorable de la mayoría de los propietarios, que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación”. Como se ve, cuando no estamos ante la solicitud de instalación de ascensor por parte de un vecino/propietario con discapacidad o mayor de 70 años el “quórum” aplicable para adoptar dicha decisión es de doble mayoría: 1) mayoría de los propietarios y a su vez 2) mayoría de las cuotas de participación.

Así pues, lo siguiente que debemos preguntarnos es: ¿Quiénes deben abonar la instalación del ascensor? Para responder a esta cuestión debemos saber que:

  • Si la instalación del ascensor se aprueba a petición de un solo vecino con discapacidad o mayor de 70 años, todos los propietarios están obligados a hacer frente a los gastos de su instalación en virtud del 2º párrafo del artículo 17.2 LPH;
  • Si la petición de instalación de ascensor realizada por un único propietario discapacitado o mayor de 70 años es rechazada en Junta de Propietarios, estos estarán obligados a hacer frente a los gastos si el propietario solicitante se compromete personalmente a abonar el exceso superior a 12 mensualidades de cuota ordinaria, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas, según se desprende del artículo 10.1.b) LPH. En caso de que el solicitante se niegue a asumir personalmente el exceso del coste de instalación de ascensor, la obra directamente no se podría llevar a cabo.

En el caso de que los propietarios de la comunidad tengan que hacer frente a esta nueva derrama, debe tenerse en cuenta que el importe se fijará en función de su cuota de participación en la comunidad y no en función de la utilidad del ascensor. Como expresa el artículo 9.1.e) LPH, es obligación de cada propietario a “contribuir, con arreglo a su participación fijada en el título o a lo especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios…”. No vamos a negar que la comunidad de propietarios tiene potestad para acordar otra forma de reparto de los gastos derivados de la instalación del ascensor, e incluso podrá eximirse de su abono a determinados propietarios incluido los de los locales, pero esta nueva forma de reparto, según la doctrina del Tribunal Supremo en sentencia de 23 de diciembre de 2014, núm. Rec. 1428/2012, deberá tener la aprobación por mayoría simple de la comunidad, añadiéndose por esta resolución que en ningún caso tal acuerdo podrá lesionar a ningún propietario. De esta manera, no nos debe extrañar si alguna vez observamos que no podemos acceder a todas las plantas en ascensor. Posiblemente el/los vecino/s de dicha planta se hayan negado a costear la instalación del ascensor y por ello su uso lo tienen restringido.

Otra cosa diferente es si los estatutos de la comunidad eximen directamente a los propietarios de locales del abono de los gastos por instalación de ascensor. En este caso, al contrario de lo que podríamos pensar, debemos seguir la doctrina del Tribunal Supremo que se plasma en la sentencia de 678/2016 de 17 noviembre que manifiesta que la instalación de un nuevo servicio de ascensor, debe ser sufragado, a parte de los propietarios, también por los dueños de los locales.

Además, en el caso de que la obra del ascensor consista en bajarlo a cota “0” (ascensor ya instalado en la comunidad), la STS 381/2018 de 21 de junio declaró que la ampliación de la trayectoria a cota “0” es “necesaria y requerida para la habitabilidad y uso total del inmueble”, por lo que los gastos derivados de esta ampliación son obligatorios para todos los comuneros (incluidos los propietarios de locales) al no tener la consideración de gastos de conservación o de mantenimiento.

Como se puede comprobar, la instalación de un ascensor en la comunidad de vecinos es siempre un tema de litigio. Por ello, si eres un administrador de fincas o propietario de vivienda/local en una comunidad de propietarios, y crees que podrías estar en una situación similar a la de los ejemplos anteriores, no dudes en ponerte en contacto con Calderón Corredera.

8/3/2021
Derecho Civil

TODO para incapacitar a una persona

Nuestro Código Civil regula lo relativo a la incapacitación de las personas en el artículo 199 y siguientes. Nadie puede ser declarado incapaz sino por sentencia judicial en virtud de las causas establecidas en la ley. Incapacitar a una persona va a suponer que otra persona va a intervenir en nombre del declarado incapacitado.El artículo 200 del Código Civil establece las causas para incapacitar a una persona: "Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma". Como vemos se trata de un abanico abierto de causas, pero que en cualquier caso es el Juez quien declara con base a su criterio y pruebas documentales médicas aportadas al procedimiento la incapacitación de una persona.Se permite que se pueda incapacitar a un menor de edad siempre que se prevea que la causa de incapacitación subsista después de su mayoría de edad.Para incapacitar a un individuo se requiere acudir a un procedimiento judicial de incapacitación que viene establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil en el artículo 756 y siguientes. El expediente se iniciará mediante solicitud en la que deberá expresarse el hecho que dé lugar a la incapacitación, acompañando los documentos acreditativos de la legitimación para promover el expediente e indicando los parientes más próximos de la persona respecto a la que deba declararse incapaz y sus domicilios. Igualmente deberá acompañarse certificado de nacimiento del presunto incapacitado.El Juzgado competente para conocer de las demandas para incapacitar a una persona es el del lugar en que resida la persona a la que se refiera la declaración que se solicite.La declaración para incapacitar a una persona puede promoverla el presunto incapaz, el cónyuge o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable, los descendientes, los ascendientes, o los hermanos del presunto incapaz. No obstante, la incapacitación de menores de edad, en los casos en que proceda conforme a la Ley, sólo podrá ser promovida por quienes ejerzan la patria potestad o la tutela.En el procedimiento de incapacitación de una persona, además de las pruebas que se practiquen, el Tribunal oirá a los parientes más próximos del presunto incapaz, examinará a éste por sí mismo y acordará los dictámenes periciales necesarios o pertinentes en relación con las pretensiones de la demanda. El Juez nunca decidirá sobre la incapacitación sin previo dictamen pericial médico acordado por el Tribunal.En la demanda de incapacitación se solicitará el nombramiento de la persona o personas que hayan de asistir o representar al incapaz y velar por él. Sobre esta cuestión se oirá a los parientes más próximos del presunto incapaz, a éste, si tuviera suficiente juicio, y a las demás personas que el Tribunal considere oportuno.La sentencia declarando la incapacitación de una persona determinará la extensión y los límites de ésta, así como el régimen de tutela o guarda a que haya de quedar sometido el incapacitado, y se pronunciará, en su caso, sobre la necesidad de internamiento. Si el tribunal accede a la solicitud de incapacitar a una persona, la sentencia que declare la incapacitación nombrará a la persona o personas que, con arreglo a la Ley, hayan de asistir o representar al incapaz y velar por él.No obstante, el que se dictamine una sentencia de incapacitación no impide que en el futuro, sobrevenidas nuevas circunstancias, pueda instarse un nuevo proceso que tenga como finalidad dejar sin efecto o modificar el alcance de la incapacitación ya establecida.Son tres los cargos para la guarda y protección de una persona y bienes o solamente de la persona o de los bienes de los menores o incapacitados, según los casos que proceda, mediante:

  1. La tutela.
  2. La curatela.
  3. El defensor judicial.

Las funciones tutelares constituyen un deber, que se deben ejercer en beneficio del tutelado, encontrándose bajo la salvaguarda de la autoridad judicial. Es muy importante tener en cuenta que las resoluciones judiciales sobre los cargos tutelares y de curatela habrán de inscribirse en el Registro Civil, pues no tiene carácter constitutivo pero sí para que pueda ser oponible a terceros.No obstante, quien en el ejercicio de una función tutelar sufra daños y perjuicios sin culpa por su parte, tendrá derecho a la indemnización de éstos con cargo a los bienes del tutelado, de no poder obtener por otro medio su resarcimiento siempre que así sea establecido por el Juez en sentencia. Además aquél que desempeña algún cargo tutelar tiene prohibido:

  1. Recibir liberalidades del tutelado o de sus causahabientes, mientras que no se haya aprobado definitivamente su gestión.
  2. Representar al tutelado cuando en el mismo acto intervenga en nombre propio o de un tercero y exista conflicto de intereses.
  3. Adquirir por título oneroso bienes del tutelado o transmitirle por su parte bienes por igual título.

Nuestros honorarios de abogado por ayudarle en el procedimiento judicial para incapacitar a alguien dentro de la Comunidad de Madrid son de 990 € más IVA, incluido defensor judicial y nombramiento de tutor. Los honorarios de procurador son de 200 € más IVA. Llámanos si deseas que intervengamos en el proceso judicial de incapacitación.

1/2/2021
Derecho Civil

Daños coche en parking de pago

A la hora de dejar estacionado el vehículo en un aparcamiento de pago, lo que se busca por parte del usuario – además de la comodidad – es la seguridad de que el coche no va a estar expuesto a los riesgos propios del aparcamiento en la calle (situaciones climatológicas adversas, vandalismo, robo, etc.).


A pesar de ello, por desgracia, resulta algo habitual regresar al aparcamiento para recoger el vehículo y encontrarse con desperfectos en el mismo (cristales rotos, pintura rallada, daños en la carrocería, etc.) o incluso, ver que el vehículo ya no está.  Y es aquí donde surgen las siguientes preguntas:


¿Qué hago si me dañan mi coche en un parking de pago?


En primer lugar, y antes de pensar quién podría ser el responsable, lo más importante es constatar que los hechos han tenido lugar en el parking. Para ello, es preciso utilizar todos los medios que estén al alcance, y entre otros: 


(i) hacer un reportaje fotográfico de los daños del vehículo o de la ausencia del mismo, del estado del aparcamiento…; 

(ii) hacerlo constar a los responsables del aparcamiento, o a su personal de vigilancia. Es importante que ello conste por escrito, por lo que recomendamos solicitar y rellenar una hoja de reclamaciones.

(iii) preguntar si las instalaciones tienen cámaras de videovigilancia, para posteriormente pedir que se guarden las imágenes; 

(iv) dar conocimiento de lo ocurrido a los cuerpos y fuerzas de seguridad, mediante la correspondiente denuncia

(v) conservar el ticket o comprobante del estacionamiento en el parking. 


Recalcamos que este paso es el más importante a la hora de reclamar la indemnización por los daños sufridos, dado que le corresponde al reclamante acreditar que los hechos han ocurrido.


En relación con esto, en el caso de que las instalaciones del aparcamiento gocen de cámaras de videovigilancia, habrá que solicitar las imágenes antes de que transcurra 1 mes desde los hechos, dado que el parking tiene la obligación de borrar el contenido pasado este plazo.


Una vez realizado este primer paso, es preciso determinar al responsable de los daños ocasionados, o en su caso, a la persona/entidad que deberá hacerse cargo de la indemnización, para así poder reclamar.


¿Quién es el responsable si me dañan mi coche en un parking de pago?


De entrada, es necesario distinguir entre los parkings que llamaremos “públicos”, entre los aparcamientos que no lo son. En este contexto, la definición de los aparcamientos “públicos” aparece en la Ley 40/2002, de 14 de noviembre, reguladora del contrato de aparcamiento de vehículos: “aparcamientos en los que una persona cede, como actividad mercantil, un espacio en un local o recinto del que es titular, para el estacionamiento de vehículos de motor, con los deberes de vigilancia y custodia durante el tiempo de ocupación, a cambio de un precio determinado en función del tiempo de estacionamiento.


De lo contrario, NO SON APARCAMIENTOS “PÚBLICOS” el estacionamiento en la calle (de pago o no), aparcamientos de las comunidades de propietarios, aparcamiento de una tienda o centro comercial… 


Así pues, con carácter previo es necesario determinar ante qué tipo de aparcamiento nos encontramos, para luego poder determinar qué normas se aplican al mismo, y en qué medida se le puede responsabilizar de los hechos.


Dicho esto, al tratarse de un parking “público”, ha de entenderse que éste UNICAMENTE SERÁ RESPONSABLE SI EL PROPIETARIO DEL PARKING O ALGUNO DE SUS EMPLEADOS O DEPENDIENTES (POR EJEMPLO, PERSONAL DE SEGURIDAD) HAN ACTUADO DE FORMA CULPABLE O POCO DILIGENTE. Esto, en términos legales se traduce, que la responsabilidad del parking es subjetiva.


En relación con esto, téngase en cuenta que entre las obligaciones del aparcamiento se encuentra la de “Restituir al portador del justificante, en el estado en el que le fue entregado, el vehículo y los componentes y accesorios que se hallen incorporados funcionalmente -de manera fija e inseparable- a aquél y sean habituales y ordinarios, por su naturaleza o valor, en el tipo de vehículo de que se trate”. De aquí hay que extraer los siguientes puntos: 


  1. Obligación de restituir. Obligación de custodiar el coche.


Como venimos diciendo, existe una obligación de devolver el coche. Ello implica, necesariamente un deber de cuidado y custodia del vehículo, de modo que, si el aparcamiento no es diligente con dicho deber, estará obligado a reparar los daños. 


Es indiferente si el aparcamiento se encuentra en un recinto al aire libre (con o sin valla perimetral), o si se encuentra en unas instalaciones cerradas. Por lo que, el responsable del parking deberá actuar negligentemente en todos los casos (y más aún si el parking esta al aire libre).


En relación con esto mismo, los Tribunales han venido estableciendo, que ante una reclamación, el parking (y no el perjudicado) deberá acreditar que en todo momento fue diligente, y que también lo fueron sus empleados (en aplicación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios).


Por si no fuere suficiente, a los aparcamientos “públicos” se les exige una diligencia muy elevada, por lo que, en la práctica les resulta difícil exonerarse de la responsabilidad. 


Ante estas circunstancias, se podrán dar dos tipos de responsabilidades por parte de los parkings:


  1. Responsabilidad CONTRACTUAL y/o responsabilidad EXTRACONTRACTUAL.


El responsable del aparcamiento, podrá incurrir tanto en responsabilidad contractual como en responsabilidad extracontractual. Más allá de esto, lo que realmente importa es que exista culpa o negligencia por parte de éste. 


En este sentido, éste podrá ser responsable de sus propias acciones, de las acciones de sus empleados o incluso de las acciones de terceros (usuarios o no del parking). Nos referimos aquí, a aquellos casos en los que 


  • Un tercero no usuario del aparcamiento, accede y roba el vehículo;
  • Otro usuario del parking raya el vehículo;
  • O incluso, si alguien produce desperfectos en el vehículo de forma vandálica o para robar lo que hay en su interior;


En todos estos casos, se podrá hacer responsable al parking, si se considera que éste fue poco diligente a la hora de custodiar el coche (por ejemplo, si no había control de acceso, si no había cámaras de videovigilancia, si no había vigilante de seguridad, etc.). 


Por último, en ocasiones el responsable del aparcamiento hace constar que no se hará cargo de los daños ocasionados, mediante cartel o cualquier otra señal auditiva o visual. Pues bien, dichas advertencias no tienen valor alguno, dado que así lo han establecido los tribunales, indicando que “en estos casos se trata de una cláusula abusiva”. En otras palabras, es COMPLETAMENTE NULO.


  1. De los daños reclamables al aparcamiento “público”


Tal y como se ha dicho anteriormente, la Ley 40/2002, establece que el aparcamiento se hará cargo de: “el vehículo y los componentes y accesorios que se hallen incorporados funcionalmente -de manera fija e inseparable- a aquél y sean habituales y ordinarios, por su naturaleza o valor, en el tipo de vehículo de que se trate”.


Es decir, en ningún caso, se le podrá hacer responsable al parking de: 


  • Los objetos depositados en el interior del coche (bolsos, ordenadores, ropa…)
  • Tampoco se podrá recamar los equipos de audio u otros accesorios no fijos e inseparables. 
  • Incluso, el aparcamiento tampoco se hará cargo, por ejemplo, de llantas de diseño (que no vengan de serie con el vehículo).


En definitiva, ante todo lo expuesto, desde este despacho recomendamos (tras analizar el caso con detalle), que si se conoce al responsable directo de los desperfectos, reclamarle a éste, no obstante, también puede formularse reclamación frente al aparcamiento y a su compañía aseguradora


En cualquier caso, si existe falta de diligencia por parte del parking, éste deberá responder de los daños ocasionados (aunque el daño lo haya ocasionado otra persona), y posteriormente podrá recobrar la cantidad abonada al efectivo responsable (por ejemplo, cuando el parking paga la indemnización y luego reclama dicho importe al que provocó rayones en la pintura del coche).


Desde Calderón-Corredera Abogados, ofrecemos un asesoramiento especializado, proporcionando los mejores medios para la defensa de los intereses de nuestros clientes, por lo que, no duden en ponerse en contacto con nosotros para que analicemos la viabilidad de su caso.

29/12/2020
Derecho Civil

Me han robado en la caja fuerte del hotel

Según dispone el artículo 78 de la Orden Ministerial de 19 de julio de 1968 por la que se dictan normas sobre clasificación de los establecimientos hoteleros, los hoteles con clasificación superior a cuatro estrellas (4 o más), están obligados a poner a disposición de sus clientes cajas fuertes en el interior de las propias habitaciones. No obstante, cada vez más establecimientos hoteleros con clasificación inferior ofrecen también dicho servicio para responder a las necesidades de numerosos clientes, que demandan esta clase de equipamiento. 


En este contexto, se plantea la siguiente duda: ¿Si se produce un robo en la caja fuerte de la habitación, responde el hotel?


Antes de dar respuesta a esta cuestión, es importante recalcar que existe una creencia generalizada, dándose por hecho que el hotel garantiza la seguridad de los objetos depositados en la caja fuerte, y que ante un robo responderá del valor de estos. Así pues, desde este mismo momento, avanzamos que dicha creencia NO ES DEL TODO CIERTA, y que, para entenderlo correctamente, ha de atenderse lo que expondremos a continuación.


De entrada, ha de entenderse que, a la hora de hospedarse en un hotel, el establecimiento presta unos servicios acordados en un contrato. Dichos servicios comprenden el hospedaje, y otros, entre los que se incluye el depósito de los efectos personales del cliente. Dicho esto, la responsabilidad del hotel se rige por los siguientes aspectos:


  1. Diligencia a la hora de custodiar los objetos

El hotel no está obligado a asegurar que no se va a producir el robo, pero sí está obligado a actuar de forma diligente en todo momento. Si lo hace, no será responsable del robo del interior de la caja fuerte de la habitación.


Esto implica, que los responsables del hotel, deberán adoptar las medidas necesarias para evitar que se produzca el robo. Dichas medidas, deberán implementarse, tanto desde el punto de vista del control de los empleados, como del control de los demás huéspedes o del control de terceras personas ajenas al hotel (por ejemplo, control de acceso, cámaras de videovigilancia, etc.).


A mayor abundamiento, el cumplimiento de dicha diligencia deberá ser acreditada por el mismo hotel, tal y como vienen estableciendo los tribunales. Entre otros, cabe destacar la reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 81/2020, de 17 de febrero (rec. 735/2019).


  1. El huésped deberá comunicar al hotel que va a depositar objetos de valor en la caja fuerte


Según el artículo 1783 del Código Civil, el huésped ha de comunicar al hotelero de los objetos que introduce en el hotel, con el fin de que (i) el hotelero pueda adoptar las medidas que sean necesarias para evitar el robo (por ejemplo, si el huésped trae joyas de mucho valor, el hotel le podrá ofrecer guardarlo en una caja fuerte central del hotel); (ii) para demostrar que el objeto existe de verdad, y así evitar futuros fraudes.


Éste, es un paso que la mayoría de los clientes del hotel pasan por alto, por lo que es un elemento al que muchas veces se acogen los hoteles, para así poder rechazar su responsabilidad.


  1. Robo cometido por los empleados de hotel


Como viene diciendo el artículo 78 de la Orden Ministerial, “De la pérdida o deterioro de los efectos introducidos en las citadas cajas fuertes no serán responsables los hoteleros, a no ser que mediare dolo de ellos o de sus empleados”.


Es decir, el hotel sí podrá ser responsable si el robo es cometido por un empleado de este.


  1. El hotel debe advertir que no se hace cargo si el huésped no cumple sus obligaciones


“En todas las habitaciones, apartamentos o «suites», y en lugar que permita su lectura sin dificultad, figurará la indicación, en los idiomas español, francés, inglés y alemán, de que el establecimiento no responde del dinero, alhajas u objetos de valor que no sean depositados en la forma establecida en el número primero de este artículo”.


Quiere decirse, que el hotel no se hará cargo si el huésped no comunica la existencia de objetos de alto valor.


  1. El hotel NO RESPONDE en los siguientes casos


Atendiendo el artículo 1784 del Código Civil, el hotel no responderá si la pérdida de los objetos de la caja fuerte se debe a: “robo a mano armada, o sean ocasionados por otro suceso de fuerza mayor”.


Como vemos, son casos muy específicos, y en concreto el “robo a mano armada”, que únicamente comprende el robo con violencia o intimidación mediante el uso de arma.


Ante estas circunstancias, ¿Cuáles son los elementos que juegan un papel importante en una eventual reclamación?


  • Acreditar que de verdad se trató de un robo. Por ello, es imprescindible la interposición de la correspondiente denuncia, y comunicación de los hechos a los responsables del hotel, de forma inmediata.


  • Haberle comunicado al hotel que se iban a guardar ciertas cosas en la caja fuerte de la habitación


  • Determinar la falta de diligencia por parte del hotel a la hora de custodiar los objetos.


Por todo lo anterior, es evidente que el hotel NO SIEMPRE RESPONDE del robo de los objetos depositados en el interior de la caja fuerte de la habitación. Desde Calderón-Corredera Abogados, ofrecemos un asesoramiento especializado, proporcionando los mejores medios para la defensa de los intereses del cliente contacte con nosotros.

24/11/2020
Derecho Civil

Abandono de hogar familiar

El abandono de hogar familiar es un tema muy controvertido que vamos a tratar de explicar con detalle en este artículo de nuestro blog. Comenzaremos abordando su definición o qué entendemos por abandono de hogar, para continuar desarrollando las consecuencias de este, así como la posibilidad de que pueda suponer o no un delito y si puede producirse esta situación sin estar casados y tener hijos, siendo pareja de hecho.

Definición de abandono de hogar familiar:

Se entiende por abandono de hogar familiar, en un matrimonio o pareja de hecho con hijos menores de edad, cuando uno de los miembros de la pareja se va de casa y comienza su vida por otro lado.

Lo cierto es que nuestro Código Civil en su art.68 determina la obligación de vivir juntos los cónyuges, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente, además de compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado de ascendientes y descendientes o personas dependientes a su cargo. No obstante, la infracción del deber de fidelidad, así como el mero hecho de irse de casa no suponen un delito de abandono de hogar familiar. Por ello, debemos distinguir entre abandono del hogar y abandono de la familia para poder determinar si podemos estar ante la comisión de un delito o no.

Si uno de los dos miembros de la pareja decide abandonar el hogar que ha sido su domicilio durante la relación, ante dicha situación por sí sola no podemos hablar nunca de una presunta comisión delictiva. Sin embargo, el abandonar la familia sí puede suponer la comisión de un delito en determinadas circunstancias.

¿Puedo divorciarme por abandono de hogar en la vía civil?

Sí, podrás presentar la correspondiente demanda de divorcio en caso de que se haya producido una separación de hecho entre los cónyuges.

¿Puedo denunciar en vía penal por abandono de hogar solamente a mi expareja?

No, como hemos dicho con anterioridad para que podamos estar ante la comisión de un delito se debe generar una situación de desamparo especial y desprotección de las personas que estaban a su cargo y es entonces cuando estaremos ante la comisión de un delito de abandono de familia. El abandono del hogar conlleva desatender dichas obligaciones de manera que ello supone crear, para las personas abandonadas, una situación de especial desamparo y desprotección, entonces estaremos ante un delito de abandono de familia.

¿Puedo denunciar a mi expareja por un delito de abandono de familia?

Sí, puede denunciarse ante la Guardia Civil, Policía Nacional o el Juzgado de Guardia o de Instrucción competente. En la Sección 3ª del Capítulo III del Código Penal relativo a los delitos contra los derechos y deberes familiares se recogen los siguientes artículos:

Artículo 226.1: El que dejare de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar o de prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge, que se hallen necesitados, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses.

Artículo 227.1: El que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses.

¿Cuándo no se considera delito de abandono familiar?

No se considerará delito cuando la persona que se marcha del domicilio familiar es víctima de violencia de género, aunque se deje a la persona que le maltrata abandonada. Tampoco si la persona que abandona el domicilio presenta una demanda judicial de separación, divorcio o medidas cautelares en el plazo de 30 días tras abandonar el domicilio. No existirá delito de abandono familiar cuando se abandone el domicilio conyugal o de la pareja de hecho y se deposite en la cuenta bancaria familiar un importe económico que sirva para cubrir las necesidades de ropa, alimentos y gastos de subsistencia general de los hijos dependientes de la pareja.

¿El impago de la pensión de alimentos se considera delito de abandono familiar?

En la mayoría de los casos no se llega a considerar por un juez la existencia de delito de abandono familiar, pues para ello el Juez tiene que determinar que exista dolo, es decir, intencionalidad de abandono por parte del investigado. Dicha intencionalidad resulta claramente subjetiva, pues en muchos casos se alega que el cónyuge o pareja no paga los alimentos, no porque no quiere, sino porque no puede. Por lo que demostrar una parte de la pareja que su ex no está cumpliendo con el régimen de pensión alimenticia no basta ni es suficiente para que un Tribunal determine la existencia de un delito de abandono familiar. Es ineludible que el Juzgador determine que la pareja que no paga es porque no puede y no porque no quiere.

¿Cómo cobro la deuda de mi ex por impago de alimentos de mis hijos?

En la fase de ejecución de la sentencia que determine la existencia de dicha deuda solicitando el embargo de cualquier importe económico que pueda haber en alguna de las cuentas de la expareja, embargo de la nómina o de algún inmueble, etc. Lo antedicho en casos de acudir por la vía civil, pues en el caso de acudir a la vía penal, con la dificultad probatoria que conlleva acreditar la existencia del delito de abandono familiar, el condenado tendrá que hacer frente además de la deuda al cumplimiento de la pena. Normalmente es recomendable acudir a la vía civil, pero habrá que atender a cada caso concreto para dirimir la preferencia de optar por acudir a la vía civil o penal.

En nuestra Firma contamos con Abogados que pueden ayudarte a elegir la alternativa más favorable para encontrar solución a la situación por la que estás pasando. Contacta con nosotros escribiéndonos por email o llámanos estaremos encantados de poder ayudarte.

6/10/2020
Derecho Civil

Derecho de admisión: Claves para su aplicación

En un primer momento, a la hora de hablar sobre el derecho de admisión, parece tratarse de un tema sobradamente conocido. No obstante, en la mayoría de los casos, no se tiene un conocimiento concreto en cuanto a la correcta aplicación del mismo o sobre su alcance. 


De entrada, debe decirse que el derecho de admisión ha de entenderse como: “una facultad de la que dispone el propietario de un local abierto al público u organizador de un evento que le permite fijar las condiciones de acceso y permanencia en el mismo”. A pesar de ello, recalcamos que no se trata de un derecho absoluto e ilimitado, sino que – tal y como sucede con todos los derechos en el nuestro ordenamiento jurídico –, se ve limitado al colisionar con otros derechos que tienen una naturaleza totalmente contrapuesta. 


En concreto, nos referimos a que el derecho de limitar el acceso de personas en un local o evento afecta directamente al derecho de igualdad, reconocido en el artículo 14 de la Constitución Española: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”, o el mantenimiento del orden público y de la seguridad individual, contenido en el artículo 17.1 del mismo texto legal: “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley”.


Así pues, se debe entender que la decisión del propietario de un local o evento de determinar quién entra y quién no en un local será válida siempre que con ello no invada el derecho de igualdad citado anteriormente


Ahora bien, con el fin de aclarar dicho límite, resulta necesario realizar las siguientes puntualizaciones: 


  • No existe una ley a nivel estatal que determine los alcances o límites del derecho de admisión. 


Aun así, en la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, se describe el significado del derecho de admisión: “las condiciones para el ejercicio del derecho de admisión que debe utilizarse como eficaz instrumento para impedir la violencia y las alteraciones del normal desarrollo de espectáculos y actividades, nunca como excusa para el ejercicio de la arbitrariedad y la discriminación en unos locales que, por definición, están abiertos a todo el público y no sólo a las personas que el responsable decida admitir en cada momento”. En consecuencia, cualquier empresario, a la hora de fijar el derecho de admisión en su local o espectáculo, deberá de fundamentar su decisión en estos principios.


No obstante, hay que decir que les corresponde a las Comunidades Autónomas y entidades locales, elaborar normativa tendente a concretar el contenido de dicha facultad, por lo que únicamente le será exigible al propietario del local u organizador de un evento, cumplir los requisitos exigidos en el municipio o Comunidad Autónoma en la que se desarrolla la actividad abierta al público.


En consecuencia, no existe un elenco concreto, determinado e invariable, de decisiones del empresario que puedan ser consideradas válidas o no. Aun así, existen una serie de decisiones del empresario que están generalmente aceptadas en nuestro ordenamiento jurídico, entre las cuales se encuentran: Carecer de edad mínima para acceder al local; aforo máximo; horario de cierre; actitudes violentas; que la persona que pretende entrar no cumpla las condiciones de higiene o provoque molestias a los demás clientes. 


  • Existen requisitos que debe cumplir todo empresario si quiere hacer valer el derecho de admisión. 


Es imprescindible que las condiciones de admisión queden recogidas en un cartel que resulte visible y legible en la entrada del local al que se deniega el acceso. Por ello, las meras invocaciones genéricas relativas a la reserva del derecho de admisión no satisfacen las exigencias legales, sino que es necesario detallar qué concretas condiciones serán tenidas en cuenta a la hora de determinar el acceso al establecimiento. Así, la prohibición de entrada con ropa informal o de piscina a un local de restauración debe encontrarse fundamentada con suficiente grado de detalle, especificándose las prendas no admitidas.  


Además, es también necesario que dichas condiciones hayan sido previamente autorizadas por el municipio correspondiente o, en su caso, la autoridad competente. 


Teniendo en cuenta todo lo anterior, ante el incumplimiento de cualquiera de los requisitos mencionados, o la extralimitación en el derecho de admisión (por ejemplo, discriminando a la persona por razones de sexo, raza o género), entre otras, pueden tomarse las siguientes medidas: (i) solicitar la hoja de reclamación, haciendo constar de forma bien detallada los hechos; (ii) solicitar la asistencia de cuerpos y fuerzas de seguridad. 


En cualquier caso, al incumplir los requisitos legalmente exigidos del derecho de admisión, el propietario del local u organizador del evento incurre en una infracción administrativa, pudiendo ascender la sanción al importe de  600.000,00 € e incluso la prohibición de la actividad de su negocio. No obstante, siempre habrá que atender a la normativa de cada Comunidad Autónoma.


A parte de la eventual sanción, la negativa de entrada a local o la exclusión de este puede ocasionar un daño (económico o moral).


El problema surge cuando, ante un aparente ejercicio adecuado del derecho de admisión, se pretende enmascarar un trasfondo totalmente discriminatorio, como sucede en muchas ocasiones con los locales o eventos que exigen una determinada etiqueta. Así, la libertad para fijar una determinada etiqueta del empresario o titular de un local no debe servir para enmascarar prácticas discriminatorias, constituyendo una hoja en blanco para denegar el acceso alegando formalmente no reunir determinados requisitos de vestimenta. Y es que no cabe denegar el acceso por razones de estética, religión, raza, u orientación sexual.


Por ello, ante una eventual reclamación y/o la imposición de una sanción, tanto desde el punto de vista del empresario, como por parte del perjudicado, deberán atenderse las circunstancias del caso con el fin de proporcionar una óptima defensa de los intereses. Por ello, desde Calderón Corredera Abogados ofrecemos un asesoramiento especializado, con el primordial objetivo de proporcionar los mejores medios para la defensa de los intereses de la empresa y del cliente.

18/8/2020
Derecho Civil

Inmisiones sonoras

El mundo globalizado de hoy en día, trae consigo una multitud de beneficios, tanto individuales como colectivos. No obstante, por contrapartida, ello también comporta efectos negativos, entre los que se encuentran las inmisiones acústicas, que tienen aun más incidencia en los núcleos urbanos.


En este sentido, la base de la protección contra los ruidos ajenos se encontraba ya indirectamente en el derecho romano, bajo el proverbio – “in suo enim alii hactenus facere licet quatenus nihil in alienum immittat” –, cuya traducción es: “Solamente le es lícito a uno hacer alguna cosa en su propiedad en tanto no se entrometa en lo ajeno”. Dicha frase no se refería explícitamente a los ruidos, sino que, más bien prohibía ocasionar inmisiones o injerencias de todo tipo a un tercero. 


Ciertamente, nuestro Código Civil tampoco dispone una prohibición de los ruidos, sino que más bien protege a la persona frente a las injerencias en general, y así lo viene reconociendo el Tribunal Supremo en su Sentencia, de 31 de mayo de 2007: “si bien el Código Civil no contiene una norma general prohibitoria de toda inmisión perjudicial o nociva, la doctrina de esta Sala y la científica entienden que puede ser inducida de una adecuada interpretación de la responsabilidad extracontractual impuesta por el artículo 1902 de dicho Cuerpo legal  y en la exigencia de una correcta vecindad y comportamiento según los dictados de la buena fe que se obtienen por generalización analógica de los artículos 590 y 1908, pues regla fundamental es que 'la propiedad no puede llegar más allá de lo que el respeto al vecino determina'". Además, no debe olvidarse la aplicabilidad del artículo 27 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y demás normativa de las Comunidades Autónomas que regulen este aspecto (póngase de ejemplo el Código Civil Catalán).


Así las cosas, las inmisiones, según la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, de 21 de diciembre de 1994, se pueden definir como: “las inmisiones implican una injerencia o una intromisión indirecta sobre la finca del vecino, que se ha producido como consecuencia de una actividad del propietario en ejercicio de sus facultades dominicales, que comporta que se introduzcan en la finca vecina sustancias corporales o inmateriales como consecuencia de su actividad, pero el concepto de inmisiones no se puede hacer extensivo a las injerencias directas o por actos materiales, que son constitutivas de servidumbres.”


De esta forma, es evidente que la reclamación por ruidos dispone de una completa cobertura legal. A pesar de ello, en todos los supuestos se deberán de tener en cuenta los siguientes aspectos fundamentales:


  1. La inmisión ha de ser imputable a un tercero

En este sentido, ha de tenerse en cuenta que la base de toda inmisión es, que ésta sea ocasionada por una persona distinta a la persona que la sufre. Puede parecer que se trata de algo obvio, pero en una gran cantidad de ocasiones resulta difícil determinar un único factor al que se debe la intensidad y el origen del ruido en sí, por lo que será necesario llevar a cabo las pruebas y mediciones que sea preciso.


Así pues, antes de nada cabe determinar con total claridad cuáles son las causas de las inmisiones, ya que de ello dependerá la prosperabilidad de la eventual reclamación. De esta forma, también se ha de comprobar que la alta intensidad del ruido no venga provocada por las malas condiciones de aislamiento del inmueble en el que se sufre la inmisión. En este contexto, póngase de ejemplo la Sentencia de la Audiencia Provincial de Segovia, de 3 de mayo de 2005, donde resultó que parte de la intensidad del ruido que se sufría en una vivienda venía dado por las pésimas condiciones de aislamiento de la misma.


En esta medida, dependiendo de quién sea el responsable, la reclamación deberá de tramitarse por unos trámites u otros. Por ejemplo, en el caso de que el responsable de la inmisión sea la administración pública, antes de interponerse la correspondiente demanda, habrá que efectuar una reclamación previa.


  1. Se requiere que puedan ser calificadas como “intolerables”

De antemano, el calificativo de “intolerable” se corresponde con un concepto totalmente abstracto y subjetivo, ya que la capacidad de tolerar un ruido depende de las circunstancias y condiciones personales de cada uno. A pesar de ello, la jurisprudencia viene estableciendo que no es necesario que el ruido sea insoportable, sino que resulta suficiente con que genere molestias para el que lo sufre. En este mismo sentido, cabe citar la Sentencia del Tribunal Supremo, de 20 de mayo de 2015: “la exposición prolongada a unos determinados niveles de ruido, que objetivamente pueden calificarse de evitables y molestos o insoportables”. En definitiva, el origen, ha de ser una actividad humana, que afecta de una forma negativa e intolerable el disfrute pacífico de los derechos y de un tercero.

En este mismo contexto, existen varias herramientas que pueden servir para determinar que es “intolerable”, y por tanto, el perjudicado no tiene la obligación de soportarla. Entre estos elementos, se encuentran: 


  1. Niveles de intensidad de los ruidos permitidos, tanto en horario diurno, como en horario nocturno. Aquí, resultarán de gran utilidad las normativas municipales de ruidos aplicables (por ejemplo, la Ordenanza de la Comunidad de Madrid, de 25 de febrero de 2011, de “Protección Contra La Contaminación Acústica y Térmica”; 
  1. Cumplimiento de la normativa en lo relativo al aislamiento de los inmuebles. Esto resulta de gran importancia, ya que determinará, como hemos apuntado anteriormente, si las condiciones de aislamiento del emisor del ruido o del receptor no cumplen con los parámetros legales. Entre otros textos, son de interés: la Ley de Ordenación de la Edificación, el Código Técnico de la Edificación, la Ley del Ruido o cualquier normativa en la materia dictada por las Comunidades Autónomas.
  1. Homologación de la maquinaria o instrumentos que se utilizan en la actividad generadora de la inmisión. El ejemplo paradigmático, es el de la maquinaria utilizada en una industria o granja, que no cumple con la normativa aplicable, al estar obsoleta o parcialmente rota.
  1. Posibles sanciones que se hayan impuesto al causante del ruido, por el exceso del mismo o por su emisión en horario no permitido.
  1. Habrá que estar pendiente de las posibles autorizaciones que haya obtenido previamente el emisor del ruido. En relación con esto, téngase en cuenta que, el hecho de que una entidad disponga de autorización para generar ruidos, no excluye categóricamente su obligación de indemnizar, citando la Sentencia del Tribunal Supremo, de 31 de mayo de 2007: “la autorización administrativa no exime de la obligación de indemnizar, porque autorizar un actividad no equivale necesariamente a imponer a los vecinos el deber jurídico de soportar todo perjuicio, por grave que sea, que tal actividad produzca. En el caso examinado se declara probada la posibilidad técnica, y económicamente razonable, de disminuir considerablemente los ruidos mediante una determinada configuración de las pantallas paralelas a la vía y mediante unos límites también razonables a la velocidad de circulación y a la composición de los trenes, por lo que tal concepto ha de mantenerse como indemnizable”.


Todos estos elementos, son de gran importancia para determinar la “tolerabilidad” de la inmisión.


Finalmente, de forma complementaria indicamos que, si la causa de las inmisiones (independientemente si se trata del emisor o receptor del ruido) se encuentra en el inmueble – y no en la actividad que se desarrolla en su interior –, su arrendatario tendrá derecho a exigir al propietario del mismo que lleve a cabo las reparaciones que sean necesarias, siempre y que las inmisiones impidan el disfrute del bien para el que fue arrendado. Por ejemplo, si un local que se alquila para ser destinado a un bar musical, salvo que el contrato de alquiler se disponga lo contrario, el propietario deberá realizar las obras necesarias para que pueda desarrollarse dicha actividad.

Bien es cierto, que por regla general, la culpa y el incumplimiento de la normativa por parte del causante de la inmisión, tendrá que probarse por el reclamante. No obstante, hay ocasiones en las que recaerá sobre el reclamado demostrar que en todo momento ha cumplido con la normativa aplicable y que ha actuado de forma diligente. Por tanto, podrá invertirse la carga de la prueba en los llamados casos de “terrorismo decibélico” (volumen muy por encima de lo permitido), tal  y como indica la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, de 24 de marzo de 2004: “ha de tenderse a una apreciación más objetiva de la responsabilidad extracontractual, bien acudiendo al principio de la inversión de la carga de la prueba o a la teoría del riesgo, o bien mediante la acentuación de la diligencia exigible, de modo que no basta con la observancia de las prevenciones y cuidados reglamentarios, sino todos los que la prudencia imponga para prevenir el evento dañoso, debiendo imponerse a cargo de quien obtiene el provecho la indemnización del quebranto sufrido por tercero, a modo de contrapartida del lucro obtenido con la actividad molesta”.


  1. Que ocasione perjuicio a un tercero ajeno al que emite los ruidos

Téngase en cuenta, que el perjudicado por las inmisiones puede ser tanto un particular o empresa, e incluso la misma Administración Pública. 

En esta medida, los tribunales vienen estableciendo que, el daño ocasionado por las inmisiones de ruidos puede consistir tanto en daños patrimoniales (daño emergente y lucro cesante), como en daños morales. En cuanto a los daños morales, ha de destacarse la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 9 de diciembre de 1994, que sentó un precedente fundamental al reconocer que el daño moral es innegable, puesto que el perjudicado padecía: “la angustia y la ansiedad de ver que la situación perduraba y cómo se deterioraba el estado de salud de su hija”. En este mismo contexto, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Guadalajara, de 13 de octubre de 2016 indica que el daño moral se presume: “A diferencia de los procedentes de otras causas, los daños morales derivados del ruido hallan en la constatación de las propias inmisiones y de sus intolerables molestias la justificación de su misma realidad, lo que no es sino aplicación a estos casos de la doctrina de la "iure ipsa loquitur".

Ahora bien, a pesar de que se presuma su existencia, la prueba relativa a su gravedad recae sobre el reclamante, en atención a la regla general del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

A pesar de ello, es necesario que las reclamaciones contra las inmisiones de ruidos, además de la correspondiente reclamación de los daños ocasionados, contengan también la exigencia de que el causante de la inmisión cese la misma, realizando las reparaciones que resulten necesarias, para así evitar la continuidad del daño. 


Por último, no debe de perderse de vista el hecho de que los causantes de las inmisiones pueden incurrir en infracciones administrativas, que comporten sanciones económicas muy severas, que en supuestos de alta gravedad incluso pueden comportar la clausura temporal del local. Y finalmente, en el peor de los casos se podrá incurrir en un delito bien contenido en el artículo 325 del Código penal (contra el medio ambiente), o bien en el delito de lesiones contenido en el artículo 147 del mismo texto legal. En cuanto al delito de lesiones, son varios los supuestos en los que el causante de la inmisión ha sido condenado por ocasionar lesiones psíquicas (trastorno adaptativo de ansiedad) a las personas que sufrían los ruidos. Son de ejemplo, tanto la Sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, de 12 de julio de 2019, como la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cuenca, de 29 de mayo de 2017.


Por todo ello, es necesario llevar a cabo un análisis personalizado de cada caso para evaluar las eventuales vías de defensa o reclamación.


16/6/2020

Si necesita cambiar, llámenos. Le ayudaremos.

91 733 94 62
info@calderoncorredera.com

solicitar cita previa