Derecho Penal

Agravantes penales

Para cada delito se fija en el Código Penal un marco de pena, por ejemplo, en el caso del homicidio el marco penal es de 10 a 15 años, no obstante, en la sentencia condenatoria se fijará la pena exacta que el reo debe cumplir, asimismo, las acusaciones solicitarán que se imponga una pena concreta. Para determinar la pena, además de otros factores, hay que tener en cuenta si concurren atenuantes o agravantes penales, hemos oído muchas veces este término, pero ¿sabemos qué es un agravante? Es importante conocer en qué consiste puesto que como acusación -abogados de la víctima- debemos indicar las agravantes penales que concurran al objeto de solicitar mayor pena al acusado, y como abogados de la defensa debemos discutir en la medida de lo posible las que se hayan alegado por las acusaciones en la finalidad de conseguir una pena menor para nuestro defendido.

Las circunstancias agravantes, es decir, que agravan o aumentan la responsabilidad penal, vienen recogidas en el artículo 22 del Código Penal, en función de las que concurran en cada caso se aplicarán una o varias. Corresponde a las acusaciones que las alegan probar que han concurrido, pero en caso de que sean planteadas, el letrado del acusado deberá hacer un esfuerzo probatorio para demostrar que no concurrieron y así garantizar la mejor defensa posible. A continuación, explico sintéticamente en qué consiste cada una, sin perjuicio de que haya que tener más aspectos en cuenta en caso de querer discutir su concurrencia:

1ª Ejecutar el hecho con alevosía: el delito se habrá cometido con alevosía cuando el autor emplease medios o formas para asegurar que el delito se cometía y sin que hubiera riesgo de que la víctima se defendiera. Hay delitos que ya incluyen la circunstancia de alevosía como una agravante que conlleva la aplicación de un tipo agravado de ese delito, como es el caso del delito de lesiones. Cuando el delito ha consistido en dar muerte a alguien y ha existido alevosía, no se castigará por un delito de homicidio con la agravante de alevosía, porque este hecho constituye un asesinato.No existe una lista cerrada de las circunstancias que pueden ser consideradas alevosas. Si se ha establecido por la jurisprudencia que la alevosía solo se puede dar en delitos contra la integridad corporal de las personas. Para calificar si ha existido alevosía debe apreciarse de manera objetiva que el autor utilizó algún medio o forma para asegurarse de que el delito se consumara o que impedía a la víctima defenderse, y además el autor debía buscar este resultado al emplear esos medios. Se considera que ha concurrido alevosía, por ejemplo, en casos de acecho, emboscada o trampa, o cuando la conducta delictiva se realiza de forma súbita o por sorpresa, en este sentido, disparar o apuñalar a alguien por la espalda repentinamente será considerado alevoso -y por tanto asesinato-, o atacar a una persona que está dormida.

2ª Ejecutar el hecho mediante disfraz, con abuso de superioridad o aprovechando las circunstancias de lugar, tiempo o auxilio de otras personas que debiliten la defensa del ofendido o faciliten la impunidad del delincuente. Esta circunstancia se diferencia de la alevosía en que no se busca la indefensión total de la víctima, sino debilitar sus posibilidades de defensa o quedar el delincuente impune por no ser reconocido. No se pueden apreciar ambas circunstancias a la vez porque la alevosía absorbe esta. Los pasamontañas, medias en la cabeza, caretas o capuchas que dificulten ver con precisión la cara del autor se consideran disfraz. En cuanto al abuso de superioridad, se aplica especialmente en casos de superioridad numérica, es decir, cuando hay varios atacantes y una sola víctima, o cuando hay un desequilibrio de fuerzas entre autor y víctima.

3ª Ejecutar el hecho mediante precio, recompensa o promesa. No es necesario que sea de carácter económico. Igual que ocurre con la alevosía, esta circunstancia agravante viene recogida específicamente en algunos delitos como tipos agravados, en este caso, en los de injurias y calumnias; además una muerte cometida a cambio de precio, recompensa o promesa es también un asesinato y no un homicidio.

4ª Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad. Con relación a esta agravante se dan problemas de prueba, con más frecuencia que respecto de las demás, pues las acusaciones deben demostrar que el autor tenía estos motivos para cometer el delito, pues por el hecho de que la víctima fuera extranjera, mujer, etc. no cabe suponer automáticamente que se cometió el delito por motivos discriminatorios. Por ello, como acusación, deberemos reunir todos los elementos que permitan sostener que existieron esos motivos, como muestras de odio previo hacia esa persona por razones discriminatorias, testigos que expongan que el autor hizo manifestaciones discriminatorias en el momento de cometer el delito como insultos de esta índole, entre otros; mientras que la defensa tendrá que cuestionar la fuerza probatoria de los mismos y aportar los medios de prueba que puedan poner los de las acusaciones en entredicho.

5ª Aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando a ésta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito. Esto es lo que se conoce como ensañamiento. De nuevo, cuando la muerte se haya producido con ensañamiento, no se tratará de un homicidio, sino de un asesinato. Existe gran confusión entorno al ensañamiento, pues se suele pensar que es por ejemplo disparar cinco veces o asestar diez puñaladas, esto no es ensañamiento porque no aumenta el sufrimiento de la víctima y son actos necesarios para la ejecución del delito consistente en matar, es decir, no es un sufrimiento adicional, estos actos podrían ser en todo caso alevosos porque es una manera de asegurarse el autor de que el crimen se comete al disparar o apuñalar un gran número de veces. Situación distinta es que se apuñale en distintas partes del cuerpo primero para causar sufrimiento y después se apuñale buscando la muerte.

6ª Obrar con abuso de confianza. Implica que había una relación previa entre el autor y la víctima y aquel se aprovecha de ello para cometer el delito con más facilidad. Puede tratarse de una relación familiar, profesional, de amistad o equivalentes, en cualquier caso, debe existir un deber de lealtad entre ambos sujetos. Algunos delitos ya contemplan un tipo agravado por abuso de confianza, como el de estafa o apropiación indebida.

7ª Prevalerse del carácter público que tenga el culpable. El autor se vale de su carácter de funcionario o cargo público para cometer el delito, es decir, aprovecha las facilidades que le reporta esta posición. Por ejemplo, un caso en el que el autor era un policía que se aprovechó de ostentar este puesto para abusar sexualmente de la víctima.

8ª Ser reincidente. Existe reincidencia cuando el autor del delito haya sido condenado y la pena se haya ejecutado por un delito comprendido en el mismo título del Código Penal, siempre que el delito sea de la misma naturaleza. Esto quiere decir que una persona que haya cometido un delito de lesiones y luego un delito de robo no es reincidente puesto que esos tipos penales no se incluyen en el mismo título del Código ni son de la misma naturaleza.Además, no se cuentan los antecedentes penales que hayan sido cancelados o que deberían haberse cancelado, tampoco los antecedentes que correspondan a delitos leves.Las condenas firmes de jueces o tribunales impuestas en otros Estados de la Unión Europea surten los mismos efectos de reincidencia, salvo que el antecedente pueda ser cancelado conforme a las reglas del derecho español.

Para finalizar con la explicación de las circunstancias agravantes de la pena, hay que hablar de la circunstancia mixta de parentesco, regulada en el artículo 23 del Código Penal. Se denomina mixta porque puede funcionar tanto como agravante, como atenuante de la pena, en función del delito que se haya cometido, en el artículo 23 no se precisa cuándo será agravante y cuándo atenuante, ello se deberá consultar en cada delito para el que sea de aplicación. Por ejemplo, en el caso de los delitos patrimoniales, funciona como atenuante, en cambio, en delitos contra la integridad física o la vida es un agravante. En cuanto a qué personas se consideran parientes a estos efectos, en el artículo 23 CP se establece que opera la circunstancia mixta de parentesco cuando el agraviado sea cónyuge o persona que esté o haya estado ligada de forma estable por análoga relación de afectividad, o ser ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza o adopción del ofensor o de su cónyuge o conviviente.

Si tienes dudas en relación con las circunstancias agravantes que se te pueden imponer por la comisión de un delito, o las que puedes alegar como acusación, contacta con nosotros.

15/3/2021
Derecho Penal

Delito de atentado contra la autoridad

Hemos tenido un altercado con un policía y por estos hechos nos denuncia, por ello, recibimos una citación judicial por un delito de atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, de resistencia y desobediencia. Ante esta situación es necesario que sepamos de un lado cuáles son nuestros derechos como investigados en un procedimiento penal y de otro lado en qué consiste el delito de atentado, resistencia y desobediencia, cómo defendernos ante el mismo y qué pena nos pueden imponer.

En primer lugar, hay que aclarar que no solo se comete este delito contra miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad como solemos pensar, sino contra otros funcionarios públicos, incluidos docentes y personal sanitario y miembros del Gobierno, de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, del Congreso de los Diputados, etc. En el artículo 550 del Código Penal se tipifica el delito básico de atentado, resistencia y desobediencia, el cual consiste en agredir con intimidación grave o violencia u oponer resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, cuando se hallen en el ejercicio de sus funciones. De este artículo hay que extraer dos cuestiones importantes: la primera es que el delito exige que se haya agredido con intimidación grave o violencia, por lo que por hechos de escasa relevancia deberíamos quedar absueltos y en este sentido debemos llevar la línea de defensa atendiendo a las circunstancias y hechos de cada caso concreto; sin perjuicio de que las faltas de respeto o consideración a la autoridad también vienen penadas con una sanción menor. La segunda es que es necesario que la autoridad, agente o funcionario se encontrase desempeñando sus funciones, por tanto, cuando el enfrentamiento se halla producido fuera de ellas, actuando como persona privada, no se cumplen los requisitos de este delito.

En este sentido, cabe preguntarse qué ocurre cuando por ejemplo un policía estaba en el ejercicio de sus funciones pero nosotros lo desconocíamos y le hemos desobedecido -porque no iba uniformado e identificado por ejemplo-, en este caso, el abogado defensor del investigado debe plantear un error de tipo, lo cual significa que el investigado desconocía que se cumplía uno de los elementos del delito, en este caso, que la persona con la que tenía el enfrentamiento era policía en el ejercicio de sus funciones. Cuando el error era invencible, es decir, era imposible que se supiera que la persona era un agente o funcionario en sus funciones, estaremos exentos de pena; normalmente ante un error vencible, esto es, cuando tuviéramos manera de averiguar o pudimos sospechar su condición, se impone la pena en la modalidad imprudente si está contemplada para ese delito, sin embargo, en el caso del delito de atentado contra la autoridad no está prevista modalidad de comisión imprudente por lo que ante el error vencible también estaremos exentos de pena. Cuando la conducta haya consistido en agredir y estemos ante un error de tipo, se deberán castigar los hechos como un delito de agresiones “común” como si el agredido se tratase de un particular. En cualquier caso, corresponde a quien alega el error demostrarlo, por tanto, como defensa debemos demostrar que desconocíamos que la persona contra la que atentamos o a la que desobedecimos era un funcionario o agente en sus funciones, para ello serán especialmente útiles las declaraciones de testigos que podamos conseguir.

La pena para este delito se establece en los incisos 2 y 3 del artículo 550 CP:

  1. Los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos.
  2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, si la autoridad contra la que se atentare fuera miembro del Gobierno, de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, del Congreso de los Diputados, del Senado o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones locales, del Consejo General del Poder Judicial, Magistrado del Tribunal Constitucional, juez, magistrado o miembro del Ministerio Fiscal, se impondrá la pena de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses.

En relación con la distinción de pena que se hace en el inciso 2, es preciso explicar cuándo se tiene la consideración de autoridad, ello viene explicado en el artículo 24 CP:

- Artículo 24. -

  1. A los efectos penales se reputará autoridad al que por sí solo o como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia. En todo caso, tendrán la consideración de autoridad los miembros del Congreso de los Diputados, del Senado, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y del Parlamento Europeo. Se reputará también autoridad a los funcionarios del Ministerio Fiscal.
  2. Se considerará funcionario público todo el que por disposición inmediata de la Ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas.

Por tanto, cuando el delito se haya supuestamente cometido contra un agente de policía, que suele ser lo habitual, el marco de pena será de prisión de seis meses a tres años. Sin perjuicio de que en el artículo 551 CP se establece un tipo agravado con el que se incrementa la pena en los siguientes casos:

- Artículo 551. -

Se impondrán las penas superiores en grado a las respectivamente previstas en el artículo anterior siempre que el atentado contra la autoridad se cometa:

  1. Haciendo uso de armas u otros objetos peligrosos.
  2. Cuando el acto de violencia ejecutado resulte potencialmente peligroso para la vida de las personas o pueda causar lesiones graves. En particular, están incluidos los supuestos de lanzamiento de objetos contundentes o líquidos inflamables, el incendio y la utilización de explosivos.
  3. Acometiendo a la autoridad, a su agente o al funcionario público haciendo uso de un vehículo de motor.
  4. Cuando los hechos se lleven a cabo con ocasión de un motín, plante o incidente colectivo en el interior de un centro penitenciario.

De acuerdo con el artículo 554 CP, también se impondrán estas penas cuando los hechos se cometieran contra un miembro de las Fuerzas Armadas que vistiendo uniforme estuviera prestando servicio y contra bomberos o miembros del personal sanitario o equipos de socorro que estuvieran interviniendo con ocasión de un siniestro, calamidad pública o situación de emergencia, con la finalidad de impedirles el ejercicio de sus funciones, así como contra el personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Como vemos, se trata de un delito donde se deben discutir y probar varios aspectos y elementos, de ahí la importancia de una buena defensa en la que pongamos en duda la comisión delictiva o en la que por lo menos intentemos rebajar la pena atendiendo a las circunstancias y pruebas del caso.

1/3/2021
Derecho Penal

Incumplimiento régimen de custodia: delito de sustracción de menores

Como es sabido, tras la ruptura de una pareja con hijos en común, se debe establecer si la patria potestad de los menores pertenece a ambos progenitores o solo a uno de ellos, así como si el régimen de custodia es compartida o la mantiene uno de los padres, además del régimen de visitas a los hijos para cada padre. Ambos progenitores pueden llegar a un acuerdo sobre estos aspectos mediante convenio y homologar el mismo en el Juzgado de familia, en cambio, cuando no logren consensuar, el Juez de familia decidirá atendiendo al interés de los menores. Cuando uno de los padres incumpla alguno de estos aspectos, el otro lo pondrá en conocimiento del Juzgado de familia para que este ejecute la sentencia y así obligue al progenitor que incumple a acatarla. No obstante, lo que mucha gente desconoce es que el incumplimiento de estos términos también puede dar lugar a un delito por el que podemos interponer denuncia o querella.Así, en el Código Penal se tipifican los delitos contra los derechos y deberes familiares, entre los cuales se recogen otros delitos además de los relativos al quebrantamiento del régimen de custodia y patria potestad; en otro artículo de este blog ya expliqué el delito recogido en el artículo 227 CP de impago de la pensión de alimentos o pensión compensatoria.En cuanto al quebrantamiento de los deberes de custodia de un menor, en el artículo 225 bis CP se recoge el delito denominado sustracción de menores consistente en trasladar o retener a un menor indebidamente, este delito puede ser cometido por uno de los progenitores o por un familiar próximo -parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad-. Este delito busca proteger los derechos y deberes de los progenitores del menor de manera que no se quebrante el régimen de convivencia, custodia o guarda establecido, por tanto, no se requiere que la seguridad del menor se haya visto afectada. Este delito está castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad por tiempo de cuatro a diez años.En cuanto a la conducta típica de trasladar al menor, debe consistir en llevárselo de su residencia habitual sin el consentimiento del progenitor con quien convive o de las personas o instituciones que tuviesen confiada su guardia y custodia, el delito se consuma con el mero traslado, no es necesario que el menor se encuentre ya en otra residencia. Para cuando el traslado se realice fuera de España, se establece agravación del hecho y la pena se impondrá en la mitad superior, igualmente se agravará de esta manera la pena cuando el sustractor exija alguna condición para la restitución del menor. En cambio, el Código Penal contempla una exención de pena y una atenuante atendiendo a menor gravedad del hecho, así, la exención -ausencia- de pena se dará cuando el sustractor haya comunicado el lugar en el que se encuentra el menor al otro progenitor o a quien corresponda legalmente su cuidado dentro de las 24 horas siguientes a la sustracción y se comprometa a devolverlo inmediatamente y así lo haga; también existe exención de la pena cuando la ausencia no hubiese sido superior a 24 horas. Con esta exención se busca la resolución amistosa de este conflicto, es decir, que el progenitor sustractor tenga un incentivo para arrepentirse y devolver al menor. De otro lado, la pena se atenúa cuando sin haber comunicado el lugar de estancia del menor se lleve a cabo su restitución en los 15 días siguientes, en tal caso, se impondrá la pena de prisión de 6 meses a 2 años.

Por lo que respecta a la conducta típica de retener al menor, consiste en que el progenitor que tiene al hijo de forma legítima porque le correspondía en ese momento la custodia o visita, no lo devuelve como venía judicialmente establecido, sino que lo mantiene con él más tiempo, prologando abusivamente el periodo que le corresponde. El delito exige que se incumpla gravemente el deber establecido por resolución judicial o administrativa, por lo que los hechos de entidad leve, como puede ser demorarse en la hora en la que había que llevar al menor de vuelta, no son reconducibles a este delito y deberán ser discutidos si así se desea en el Juzgado de familia.En conclusión, mediante estos delitos encontramos la manera de poner solución a situaciones graves o reiteradas en las que se incumple el régimen de custodia de nuestros hijos. Es recomendable tratar de solventar los incumplimientos aislados o de poca gravedad mediante el dialogo en caso de que fuera posible y en el Juzgado de familia en caso contrario, pero cuando el problema se acrecienta, conviene interponer denuncia o querella por los hechos explicados en este artículo, pues iniciaremos un procedimiento penal durante el cual podremos solicitar la adopción de medidas cautelares para impedir que vuelvan a ocurrir estos hechos y tras el mismo, si ha quedado probado el delito, obtendremos una sentencia condenatoria con la que se podrá privar al progenitor delincuente de la patria potestad. Si necesitas orientación o emprender acciones legales por hechos similares, no dudes en contactar con nosotros.

22/2/2021
Derecho Penal

Denunciar por denuncia falsa

Si alguien ha presentado una denuncia falsa contra nosotros, o nos ha acusado falsamente en un procedimiento penal, podemos presentar por ello denuncia o querella contra esa persona, pues en los artículos 456 y 457 del Código Penal, se recogen los delitos denominados de “acusación y denuncia falsas y simulación de delito”.Delito de acusación y denuncia falsas, artículo 456 del Código PenalPara considerar que una denuncia es falsa, son necesarios dos requisitos imprescindibles: de un lado, que en la denuncia falsa se señale a una persona concreta como autora del delito denunciado, y, de otro lado, que el denunciante conociera la falsedad de sus afirmaciones, es decir, que interpusiera la denuncia a sabiendas de que los hechos de los que informaba no habían tenido lugar o no los había cometido la persona a la que denunciaba por su comisión. El artículo 456 CP dice que se debía tener "conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad". Se considera que ha existido con temerario desprecio a la verdad cuando no se ha actuado con diligencia para averiguar si las afirmaciones que hacemos son ciertas, es decir, si por ejemplo nos llega un rumor de que alguien ha cometido un delito y nosotros lo extendemos y lo aseguramos como cierto sin haber comprobado su veracidad.Además, en el artículo 456 CP, se exige que los hechos que se han denunciado sean constitutivos de una infracción penal, esto es, de un delito. Por tanto, nos han debido denunciar por haber cometido, por ejemplo, un robo, un hurto, un homicidio, etc. Cualquier hecho que no sea un delito, y que en cambio sea un ilícito civil, administrativo o laboral, no cumplirá los requisitos de la denuncia falsa.Por último, se especifica en el artículo 456 CP, que la denuncia se ha debido formular ante un funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a la averiguación del delito -entre los funcionarios administrativos se incluyen los agentes de policía y guardia civil-. Por tanto, no podremos hablar de denuncia falsa cuando la persona que afirma que hemos cometido un delito se lo manifiesta a cualquier persona distinta de las mencionadas.En caso de que no se comunique a un funcionario judicial o administrativo, la persona que manifiesta que hemos delinquido habrá cometido un delito de calumnia, tipificado en los artículos 205 y siguientes del Código Penal, no de denuncia falsa, ya que la calumnia consiste en imputar -atribuir- a alguien un delito con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, sin requerirse que esto se haya manifestado a una persona determinada. De tal manera que decirle a un particular, es decir, a “una persona cualquiera”, que otra ha cometido un delito sabiendo o pudiendo haber sabido que esto no es cierto constituye un delito de calumnia, no de denuncia falsa. El delito de calumnia está castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses, si se propagaran con publicidad y, en otro caso, con multa de seis a doce meses. Se entiende propagación con publicidad cuando se transmite la información mediante imprenta, radiodifusión o medios similares, en la actualidad, cabría hablar de publicidad a través de redes sociales. Resulta importante mencionar que la calumnia es un delito privado, lo que quiere decir que solo lo persigue la víctima del delito, interponiendo querella y siendo acusación en el procedimiento -que en este caso se llama acusación privada-, o sea que el fiscal no será parte denunciante ni acusadora por un delito de calumnia.

Por su parte, el delito de denuncia falsa se castiga con las siguientes penas en función del tipo de delito que nos hayan imputado de manera falsa:1.º Con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito grave.2.º Con la pena de multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito menos grave.3.º Con la pena de multa de tres a seis meses, si se imputara un delito leve.El delito será grave, menos grave o leve en función de la pena que lleve aparejada, así, cuando la pena sea grave, el delito será grave. Cuando una pena es grave, menos o grave lo podemos saber mediante la clasificación de las penas que se hace en el artículo 33 del Código Penal.Asimismo, es muy importante precisar que para que podamos denunciar o querellar a la persona que nos denunció falsamente, debe existir sentencia firme -es decir, contra la que ya no quepa ningún tipo de recurso- o auto de sobreseimiento, de conformidad con lo prevenido en el artículo 256 punto 2. En este artículo no se concreta cómo ha de ser la sentencia, pero es obvio que la misma ha de ser absolutoria. En cualquier caso, será difícil que nuestra denuncia por denuncia falsa prospere si en la sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento no se dice de forma tajante y sin que quepa lugar a dudas que el delito no se cometió y que no existen dudas sobre su inexistencia, por el contrario, cuando la sentencia o el auto no sean así de precisos, en el sentido de que se diga que no ha existido prueba suficiente sobre la comisión delictiva o que no se puede apreciar delito porque existen dudas sobre su comisión, entonces nuestra denuncia tendrá poca viabilidad porque como denunciantes nos corresponderá acreditar que la persona que nos denunció a nosotros sabía que sus afirmaciones eran falsas.En el artículo 256.2 CP, se establece que el juez o tribunal que haya conocido del asunto en el que fuimos denunciados, deberá proceder de oficio contra el denunciante o acusador cuando resulten indicios bastantes de la falsedad, sin perjuicio de que pueda procederse asimismo mediante denuncia del ofendido, es decir, de la persona denunciada falsamente. Conviene precisar que esto no ocurre nunca: no podemos esperar que el juez o tribunal inicien por sí mismos la denuncia por denuncia falsa, en este sentido, si deseamos que nuestro denunciante reciba una sanción penal por el perjuicio que nos ha causado, tenemos que asumir que debemos de ser nosotros quienes iniciemos e impulsemos el procedimiento.En la mayoría de casos, tendremos interés en denunciar por denuncia falsa y, por tanto, de que se demuestre que las acusaciones que se vertieron sobre nosotros fueron falsas, no por un motivo de venganza contra esa persona, y tampoco al objeto de que reciba reproche penal, sino por el perjuicio económico o moral que la denuncia falsa nos ha causado. Por ello, junto con la pena para el autor de la denuncia o acusación falsa, solicitáremos condena a responsabilidad civil por los daños y perjuicios que nos ha causado, los cuales deberemos acreditar: en el caso de, por ejemplo, haya afectado a la buena marcha de nuestro negocio, nos hayan despedido, nos haya provocado padecimientos psicológicos demostrables, por mencionar algunos ejemplos de perjuicios.

Delito de simulación de delito, artículo 457 del Código PenalEl delito de simulación de delito se diferencia del delito de denuncia falsa en que en este caso lo que el denunciante comunica al funcionario judicial o administrativo es que él es el autor o víctima del delito. Así, el denunciante, por el motivo que sea, se autoinculpa por un delito que no ha cometido o simula ser víctima, en este segundo caso, no es necesario que se señale a una persona concreta como autor del delito del que manifiesta ser víctima.La falsa autoinculpación es un delito, aunque a priori no perjudique a una persona determinada, porque sí está perjudicando a la administración de justicia al suministrar una información falsa, pues le provoca perder recursos o le dificulta hallar al verdadero autor del delito; por ello, en el artículo 457 CP, se requiere para sancionar por un delito de simulación de delito que esta simulación haya provocado que se iniciaran actuaciones procesales.El delito de simulación de delito se castiga con la pena de seis a doce meses de prisión.Si considera que ha sido víctima de un delito de denuncia o acusación falsa, calumnia o simulación de delito y desea iniciar actuaciones por ello o resolver cualquier duda al respecto, contacte con nosotros.

18/1/2021
Derecho Penal

Delito de matrimonio ilegal

El delito de matrimonio ilegal viene regulado dentro del Título XII del Código Penal relativo a los delitos contra las relaciones familiares. Concretamente se desarrolla la figura delictiva de los matrimonios ilegales en los artículos 217 a 219 CP, ambos inclusive. Tras la reforma del Código Civil con la Ley 13/2005 de 1 de julio el matrimonio puede ser entre personas del mismo o diferente sexo.

El artículo 217 CP castiga la bigamia, que es ilegal en nuestro ordenamiento jurídico. Tendrá la consideración de matrimonio ilegal el de aquella persona que contrajere segundo o ulterior matrimonio, a sabiendas de que subsiste legalmente el anterior. La pena prevista para el autor de este delito es la de prisión de 6 meses a 1 año. El bien jurídico protegido es la estructura legal que en la familia rige en nuestro procedimiento, que sólo se disuelve por la Iglesia y Juzgado mediante divorcio, así como la declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges. En estos casos de matrimonios ilegales por bigamia el autor es cualquiera que se encuentre ligado por matrimonio anterior, que conoce su situación ilegal y si la conocen las dos partes contrayentes entonces ambos son responsables. Uno como autor directo y la otra persona como cooperadora necesaria. También las dos personas que contraen el matrimonio ilegal pueden ser coautores si contraen uno nuevo subsistiendo legalmente en los anteriores. La acción delictiva consiste en contraer un segundo o posterior enlace matrimonial sin estar disuelto legalmente el anterior. En este delito sólo cabe el dolo directo no es posible dolo eventual. La consumación por bigamia se produce en el mismo momento en que se ha celebrado el nuevo matrimonio ilegal, sin que sea necesario que llegue a existir relación sexual. Cabe la posibilidad en este tipo delictivo de tentativa de matrimonio ilegal, por ejemplo, imaginemos que uno de los futuros contrayentes, conoce que aún no ha disuelto su anterior enlace matrimonial, pero antes de la fecha de la boda el otro de los cónyuges, que no conocía el primer matrimonio de su pareja se entera y como consecuencia de dicha información ya no se termina produciendo el enlace matrimonial ilegal.

Por otro lado, se tipifica como matrimonio ilegal el que regula el art.218.1 CP castigando con la pena de prisión de seis meses a dos años al que para perjudicar al otro contrayente celebrare matrimonio inválido. Estamos ante un supuesto, que sólo se dará en casos muy excepcionales, como ocurre con la bigamia, por lo que no parece muy justificable la incorporación de esta figura al Código Penal. Estas conductas podrían castigarse en otros tipos del Código Penal, como el de estafa matrimonial. En estos casos es necesaria la existencia del dolo, es decir, que uno de los contrayentes quiera perjudicar al otro. Para que se produzca la consumación de este delito no es necesario que llegue a producirse ningún perjuicio a la otra parte. No importa cuál sea el perjuicio que se persigue, que puede ser estafa, etc. Estaríamos ante un concurso de delitos si la estafa se llega a consumar. El párrafo segundo del artículo 218.2 CP contempla la excusa absolutoria al señalar que el responsable quedará exento de pena si el matrimonio ilegal inicialmente fuera posteriormente convalidado.

Por último, el Código Penal en su art.219.1 castiga con la pena de prisión de 6 meses a 2 años e inhabilitación de empleo público a quien autoriza la celebración de matrimonio ilegal en el que concurra alguna causa de nulidad conocida o denunciada en el expediente matrimonial. En este supuesto el sujeto activo sólo puede ser quien tiene capacidad para autorizar un matrimonio y el sujeto pasivo serían los contrayentes. Sólo son posibles las conductas dolosas, no es suficiente el dolo eventual. Cuando el legislador señala en el artículo "o denuncia en el expediente" olvida que la comisión por imprudencia no es posible, por tanto, será impune la celebración de matrimonio con causa de nulidad denunciada en el expediente, pero que el autorizante no conoce, aunque sea por imprudencia al no haberse molestado en examinar el expediente o no detectar la causa de nulidad. A continuación el artículo 219.2 castiga con pena de suspensión de empleo o cargo público de 6 meses a 2 años si la causa de nulidad fuese dispensable. Para conocer las causas de nulidad dispensables hay que acudir al Código Civil.

4/1/2021
Derecho Penal

Denuncia por mordedura de perro

Si tu perro ha mordido a una persona o si has sido atacado y sufrido una mordedura de perro en la calle, entonces te interesa leer este artículo. En uno y otro caso, la mordedura de perro tiene la posibilidad de producir lesiones en las personas, que en unos casos serán más leves que en otras. Conforme a la gravedad de dichas lesiones, jurídicamente estaremos hablando de la posibilidad de interponer o de recibir una denuncia por mordedura de perro en España en la vía penal o en caso contrario, si las lesiones son más leves, interponer una demanda o de recibirla por la vía civil, siempre que el perro no pertenezca a una raza peligrosa y debiese haber llevado bozal y correa, pues en dicho caso se derivaría una responsabilidad penal por imprudencia grave del dueño. En cualquier caso, la persona que ha sufrido una mordedura de perro en España tiene la posibilidad de interponer denuncia en vía penal, cuestión distinta es que el Juzgado de Instrucción competente de forma automática decrete el archivo, por entender que, en ese supuesto, no se ha cometido un ilícito penal. 

En la prensa y televisión aparecen las noticias de mordeduras de perro graves o incluso que suponen el fallecimiento de personas en España. Por ejemplo, este verano apareció en El Confidencial la noticia de que tres perros mordieron a una pareja de ancianos en Madrid y dejaron a la mujer grave al destrozarle un brazo. Por ello, para los propietarios de un perro es conveniente que tengan contratado un seguro de responsabilidad civil con la finalidad de evitar pérdidas patrimoniales y ante cualquier eventual incidente con terceros. Por supuesto, como saben los amantes de los canes si el perro es de una determinada raza dicho seguro de responsabilidad civil es obligatorio.  Si deseas conocer más información sobre perros potencialmente peligrosos puedes leer este otro artículo de nuestro blog.


¿Has sufrido una lesión por mordedura de perro en España? Pasos que seguir:

1º Llamar a las fuerzas de seguridad para que quede constancia de su intervención, pues ellos redactarán el correspondiente informe. Dependiendo de la localidad donde ocurra el incidente, la intervención será competencia de la Policía Local o de la Guardia Civil. Si no has llamado también a los servicios de emergencias sanitarias, en caso de necesitarlo, los Agentes se encargarán de pedir una ambulancia. 

2ª Debes guardar el parte de asistencia sanitaria de la ambulancia o de urgencias, así como toda la documentación médica sanitaria posterior. Ello será importante conservarlo de cara a la interposición de la denuncia en vía penal o demanda en vía civil. Asimismo, será conveniente que te quedes con los datos del dueño del animal para poder dirigir la reclamación frente al mismo.

3º Tienes que preguntar al dueño del animal que ha causado la mordedura si tiene un seguro de responsabilidad civil. En dicho caso se podrá dirigir la correspondiente reclamación por las lesiones causadas o daños provocados a su aseguradora. En aquellos casos que se dirigen por la vía civil y qué no son atendidos por la aseguradora existente en vía extrajudicial se interpondrá una demanda en el Juzgado. 




¿Qué indemnización me corresponde ante una mordedura de perro?

Si has provocado o instigado al animal para alterar su comportamiento y precisamente que te cause la mordedura no te corresponderá ninguna indemnización. 

Si, en cambio, has sido víctima de la mordedura de un perro y has decidido interponer una denuncia mediante la vía penal o reclamación civil correspondiente, la indemnización que te corresponderá dependerá del daño corporal y patrimonial que hayas sufrido, pues es evidente que no será el mismo quantum indemnizatorio en un caso leve, que otro que sea grave o muy grave. La indemnización que te puede corresponder también dependerá de las circunstancias en las que se haya producido el incidente. En cualquier caso, las lesiones se calcularán de forma analógica conforme al Baremo de Tráfico. Evidentemente, si se trata de casos muy graves como que se tratase de una amputación de algún órgano vital; estaríamos hablando directamente de un caso penal por un delito de lesiones del artículo 147 del Código Penal y dicha indemnización se podría ver incrementada porcentualmente a la que se determine conforme al Baremo si así lo acaba estimando el Tribunal.


¿Eres dueño de un perro que ha mordido a otra persona?

Si eres dueño de un animal qué ha mordido a una persona y tienes concertado un seguro de responsabilidad civil con dicha cobertura contratada deberás dar parte a tu aseguradora. El artículo 1.905 del Código Civil establece lo siguiente: “El poseedor de un animal, o el que se sirve de él, es responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe”. Los únicos casos de exoneración de responsabilidad de un dueño en un supuesto de que éste haya mordido a una persona son los siguientes: 

  • Si la agresión se ha producido exclusivamente por culpa de la víctima por qué ha provocado al animal.
  • En casos de fuerza mayor, porque el perro se haya puesto nervioso en caso de una inundación o un incendio, por ejemplo. 

Los dueños de perros y en general de cualquier otro animal que provoquen una mordedura a una persona deben conocer, que si bien la acreditación de la existencia de lesiones por la mordedura de su perro corre a cargo del denunciante o demandante de las mismas; en los casos en los que un dueño de un animal alegue la culpa exclusiva de la víctima o caso de fuerza mayor la carga de la prueba conforme al artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento civil corresponde al dueño del animal.  


Si necesitas ayuda en un caso de mordedura de perro o de cualquier otro animal no dudes en contactar con nosotros llamándonos o escribiéndonos un email e intentaremos ayudarte. Si deseas leer más en nuestro blog sobre animales puedes continuar leyendo nuestro artículo sobre el delito de maltrato animal.

17/11/2020
Derecho Penal

Reincidencia alcoholemia en España

Como Abogados penalistas frecuentemente recibimos preguntas de nuestros clientes con relación al juicio rápido por alcoholemia y la agravante de reincidencia por alcoholemia en España. En este artículo vas a conocer expresamente el significado de ser reincidente por un delito de alcoholemia, cuándo se aplica la agravante de reincidencia por delito de alcoholemia y si se puede ir a prisión por ser reincidente de alcoholemia. En definitiva, las consecuencias que tiene el ser reincidente por un delito de alcoholemia, pues es una de las reincidencias que más acontecen en nuestro País.

¿Qué significa ser reincidente?

Nuestro Código Penal en su artículo 22, dentro del Capítulo IV, regula las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal.

El artículo 22.8 nos reseña que se entiende por ser reincidente. Hay reincidencia cuando, al delinquir, el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo título de este Código, siempre que sea de la misma naturaleza.

A los efectos de ser reincidente no se computan los antecedentes penales cancelados o que debieran serlo, ni los que correspondan a delitos leves.

Por otro lado, las condenas firmes de jueces o Tribunales impuestas en otros Estados de la Unión Europea producen los efectos de reincidencia, salvo que el antecedente penal haya sido cancelado o pudiera serlo con arreglo al Derecho español.

¿Cuándo se aplica la agravante de reincidencia en el delito de alcoholemia?

Cuando una persona ha sido condenada ya en un juicio por un delito de alcoholemia y vuelve a conducir bajo los efectos del alcohol, teniendo un accidente de circulación o viéndose sorprendido en un control de alcoholemia de Policía o de Guardia Civil superando la tasa por alcoholemia permitida o poniendo en riesgo su seguridad y la del resto de conductores de vía por estar influida su circulación bajo los efectos del alcohol.

Los requisitos para que se pueda apreciar la agravante por reincidencia en el delito de alcoholemia son los siguientes:


  1. El conductor que ha dado positivo tiene una sentencia condenatoria firme por un delito contra la seguridad vial.


  1. Esa condena previa tiene que serlo por un delito comprendido dentro de los delitos contra la seguridad colectiva del Título XVII del Código Penal.


  1. La condena previa tiene que ser sobre un delito de idéntica naturaleza.


  1. Los antecedentes penales no los tienes cancelados. No obstante, lo normal es que no se aprecie por el Fiscal de turno la agravante por reincidencia si ya ha transcurrido el tiempo para que fuesen cancelados, aunque no los hayas cancelado, pero dependerá de la acusación del Fiscal con la que se encuentre tu Abogado.


¿Cuáles son las consecuencias de ser reincidente por un delito de alcoholemia?

El artículo 379 del Código Penal recoge el delito de alcoholemia señalando que será castigado el que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

Si se aplica la agravante de reincidencia en la alcoholemia debe tenerse en cuenta el artículo 66 del Código Penal que establece lo siguiente:

  1. Cuando concurra sólo una o dos circunstancias agravantes, aplicarán la pena en la mitad superior de la que fije la ley para el delito.


  1. Cuando concurra la circunstancia agravante de reincidencia con la cualificación de que el culpable al delinquir hubiera sido condenado ejecutoriamente, al menos, por tres delitos comprendidos en el mismo título del Código Penal, siempre que sean de la misma naturaleza, podrá aplicarse la pena superior en grado a la prevista por la ley para el delito de que se trate, teniendo en cuenta las condenas precedentes, así como la gravedad del nuevo delito cometido.


¿Puedes ir a prisión por ser reincidente de un delito de alcoholemia?

Sí, puedes acabar en prisión, pero se tiene que haber causado lesiones graves o la muerte de una persona – no una simple reincidencia- o si ya tienes antecedentes penales con pena de prisión suspendida por ser condenado a menos de dos años de prisión y con la nueva sentencia condenatoria del delito de alcoholemia superas una condena de dos años de prisión. 

Lo normal es que por una simple reincidencia en el delito de alcoholemia no se acabe en prisión, pero ello sí va a suponer que el Fiscal de turno no solicite tu condena por la pena mínima, como te pudo haber ocurrido la primera vez que fuiste condenado por un delito de alcoholemia. Sí, puede ser que pierdas el carné de conducir, en lugar de que quede suspendido el mismo, como pudo haberte ocurrido en tu primera alcoholemia. En este caso no te quedará más remedio que volverte a sacar el carné de conducir.

Aunque seas reincidente por delito de alcoholemia se celebrará un juicio rápido por alcoholemia. Sólo si no alcanza tu Abogado una conformidad con la Fiscalía para intentar defender tu absolución se celebrará posteriormente el juicio penal correspondiente en el que no podrás beneficiarte del tercio de reducción de la pena prevista para las conformidades.


Si necesitas ayuda con un juicio rápido por alcoholemia con reincidencia contacta con nosotros y defenderemos tus derechos buscando la mejor solución para la resolución de tu caso concreto, pues todos los casos no son iguales ¡Llámanos o escríbenos!

3/11/2020
Derecho Penal

Delito de estafa piramidal

Todo el mundo hemos oído hablar en las noticias, películas y en nuestra realidad económica sobre la estafa piramidal. Sin embargo, no siempre tenemos claro en qué consiste, por ello, en este artículo vas a conocer en qué consiste el esquema piramidal y que supone la comisión de un delito en España.


¿En qué consiste la estafa piramidal?


Se conoce como esquema piramidal a aquellos negocios donde las personas que participan tienen que conseguir referencias de otras personas para introducir a más individuos en el negocio. Hasta ahí no habría mayor problema sino fuese porque la única finalidad de estas estructuras de negocio es la de conseguir beneficios solamente a través de las nuevas personas que se incorporan al negocio.

Evidentemente para que este negocio fraudulento sea económico y viable los participantes nuevos deben ser más que los que ya forman parte de este esquema, pues de ahí que reciba el nombre de pirámide. Si dejan de introducirse nuevas personas en el negocio llegará el momento en que la pirámide no pueda mantenerse y se desplome, por ello estos fraudes pueden durar años dado que las denuncias no comienzan hasta que se ha desplomado el sistema. Este tipo de negocio es ilegal en muchos países y recibe distintas denominaciones como: Nubes, flores, fractales, etc. En España, casos famosos de estafa piramidal fueron los de Gescartera y los conocidos como estafa filatélica: Afinsa y Fórum Filatélico.


Los tipos de estafa piramidal:


  • Estafa piramidal abierta: Es aquella que la persona que se va a introducir como un nuevo participante de la estructura piramidal conoce la organización y el funcionamiento de la misma, aunque, la verdad es que en muchas ocasiones en la realidad el participante no tiene la totalidad de la información ni conoce las consecuencias de la realidad de un negocio de este tipo. Al dotar de información a los nuevos participantes se les ofrece un porcentaje de rentabilidad muy elevado, de ahí que también se conozcan como cédulas de la abundancia, pues tampoco suelen tener una prolongación duradera en el tiempo.


  • Estafa piramidal cerrada: Es aquella en la que una persona o empresa es dueña de la pirámide y promete a inversores rentabilidades altas por las inversiones que realicen en su negocio, sin embargo, este no realiza ningún tipo de inversión y va surtiendo los pagos prometidos de intereses a los inversores antiguos con las inversiones de nuevas personas, además de lucrarse fraudulentamente para su propio beneficio. 


El delito de estafa piramidal.


El delito de estafa piramidal se estipula en el art.250.1.5 del Código Penal castigándose con la pena de prisión de uno a seis años y multa de 6 a 12 meses cuando el valor de lo defraudado supere los 50.000 € o afecte a un elevado número de personas.


Según nuestro Código Penal cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.


Si deseas conocer más sobre el delito de estafa puedes hacer click aquí y leer más sobre este tipo delictivo en otro de los artículos de nuestro blog. También tienes más información en nuestro artículo sobre el delito de estafa con bitcoins.


Requisitos del delito de estafa piramidal.


  1. Primero, el servirse el autor del delito de un engaño suficiente para generar un riesgo que no se permita por nuestro ordenamiento jurídico.
  1. Ese engaño además debe ser el desencadenante del error de la víctima.
  1. Asimismo, debe de producirse un acto de disposición patrimonial de la víctima hacia el autor del delito.
  1. El engaño ha de cometerse por el autor con dolo y ánimo de lucrarse con su actuación.
  1. El perjuicio para la víctima.   


¿Cómo evitamos caer en un delito de estafa piramidal?


Si se cumplen en su conjunto varios o todos los supuestos que vamos a enumerar a continuación huye, pues lo más probable es que vayas a ser víctima de este delito.


  1. Te garantizan una rentabilidad asegurada.
  1.  El negocio necesita que entre constantemente gente a participar del mismo.
  1. Te ofrecen un trabajo, pero primero debes pagar por él.
  1. Se anuncia el negocio por gente famosa y exitosa con la finalidad de validar de cara al público la legalidad del negocio.



Si estás buscando Abogados penalistas que te ayuden y deseas denunciar por ser víctima de un delito de estafa piramidal contacta con nuestro despacho de Abogados.

20/10/2020

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91 733 94 62
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